Eran casi niños, los sicarios de la Tropa del Infierno abatidos por el Ejército
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Una agresión de sicarios contra elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejó siete delincuentes abatidos y, además, exhibió el uso de adolescentes, prácticamente niños, por parte del Cártel del Noreste.
A pesar de que hasta anoche no se había brindado información oficial, fuentes del Ejército y del gobierno de Tamaulipas dieron a conocer el ataque del grupo de sicarios llamado la “Tropa del Infierno”, brazo armado del Cártel del Noreste, que es una organización conformada por exzetas.
El ataque se habría registrado a las 17:30 horas del miércoles en la colonia Manuel Cavazos Lerma, un sector popular en las orillas de la zona urbana.
Las versiones indican que los sicarios intentaron emboscar a militares presuntamente en la aledaña colonia Francisco Villa, donde habría iniciado la persecución que terminó con siete abatidos.
De acuerdo con imágenes de la zona del enfrentamiento, al menos cuatro de los siete abatidos eran casi niños que portaban rifles de alto poder.
Los cuerpos quedaron dentro de una camioneta negra de cuatro puertas: tres personas en la caja de la unidad y cuatro más dentro de la cabina.
La “Tropa del Infierno” se ha convertido en el grupo de choque del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y zonas aledañas.
Una fuente oficial aseguró que horas después del violento suceso, sicarios arribaron al cuartel militar para disparar armas de grueso calibre contra las instalaciones sin que se registraran bajas, sólo daños materiales.
Vanguardia
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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