Propone Rosy Gaytán crear la Fiscalía Estatal Especializada en Delitos Electorales para elección 2021

La coordinadora de los diputados del PRI, Rosa Isela Gaytán Díaz,  propuso reforma a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con el fin de crear la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. 

La legisladora en concordancia con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, señaló que la  violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

La violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; precisa que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.

Aunado a ello comentó que las reformas de paridad y de violencia política contra las mujeres son fundamentales para que las mujeres mexicanas podamos ejercer nuestros  derechos políticos electorales en condiciones de paridad y libres de violencia, "Ambas son reformas fundamentales para avanzar en el logro de  la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la construcción de una democracia genérica que, hoy más que nunca, contribuya a lograr un país solidario, pacifico, justo e igualitario".

A fin de garantizar que las mujeres participen en política sin violencia, es decir, garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales; en el desempeño de sus cargos públicos; y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito.

La Fiscalía General del Estado tendrá en materia de Delitos Electorales las facultades de investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia. En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará despliegues operativos en el ámbito local  la finalidad de que  puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía.

Deberá informar mensualmente al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o procesos según sea el caso. Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General del Estado, al Congreso del Estado y al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Esta Fiscalía estará a cargo de un fiscal especializado. Para el ejercicio de sus funciones se podrá auxiliar de las unidades, conforme a la disponibilidad presupuestaria, sin que bajo ninguna circunstancia carezca de una unidad específica para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como el área encargada de recopilar, administrar, conservar y actualizar una base estatal de  estadística de los asuntos que tramite referente a violencia política contra las mujeres en razón de género, y compartirla, con la Fiscalía General de la República, de conformidad con los lineamientos que se emitan para tal fin. 

Estas unidades se integrarán con una persona titular, agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación del Delito, que deberá contar indispensablemente con el perfil en materia de delitos electorales, perspectiva de género y en específico, en violencia política contra las mujeres en razón de género.