0XyVfr4El gobernador Javier Corral Jurado informó que de acuerdo con el diagnóstico del Plan Estatal Hídrico 2040, el Estado de Chihuahua cuenta con una cobertura del 95.7 por ciento de agua potable y 92.9 por ciento de drenaje sanitario.0XyVfr4 Omnia.com.mx
0XyVfr4En la presentación de su Cuarto Informe de Actividades, mencionó que a lo largo del 2020, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) clasificó su inversión de la siguiente manera: 94 millones 800 mil pesos de recursos propios, 111 millones 100 mil pesos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), 1 millón 100 mil pesos de Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 64 millones 500 mil pesos del Programa Estatal de Infraestructura Hidráulica (PEIH) y 174 millones 900 mil pesos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.0XyVfr4 Omnia.com.mx
0XyVfr4Dijo que se continúan desarrollando obras en todos los municipios del Estado que incluyen 29 obras de agua potable, 11 proyectos de alcantarillado sanitario, 8 plantas tratadoras de aguas residuales, 8 redes de drenaje pluvial y acciones de mantenimiento para la calidad del agua, potabilización y apoyo a organismos. 0XyVfr4 Omnia.com.mx
0XyVfr4Precisó que un ejemplo de ello es la construcción de la planta tratadora de aguas residuales norte en la localidad de Delicias que es la única ciudad en el Estado que no cuenta con saneamiento y para ello, se destinaron 154 millones 800 mil pesos logrando una capacidad instalada de 300 litros por segundo.0XyVfr4 Omnia.com.mx
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El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.