Cuidan niños curas señalados de abuso
AP
Estados Unidos (04 octubre 2019).- Casi mil 700 sacerdotes y otros miembros del clero sobre los que pesan señalamientos creíbles de abuso sexual infantil viven con poca o ninguna supervisión de las autoridades eclesiásticas o policiales, de acuerdo con una investigación.
Décadas después de que la primera oleada de estos escándalos azotara diversas diócesis en Estados Unidos, algunos de estos curas, diáconos, monjes y personas laicas trabajan ahora como maestros de matemáticas en secundarias o como consejeros de víctimas de pederastia.
Otros trabajan como cuidadores y voluntarios en organizaciones sin fines de lucro dirigidas a ayudar a menores en riesgo.
Viven cerca de parques infantiles y guarderías. Incluso adoptan y albergan a menores de edad.
En el tiempo desde que salieron de la Iglesia, decenas han cometido delitos, como agresión sexual y posesión de pornografía infantil, según un análisis.
Un reciente intento de las diócesis católicas en Estados Unidos para dar a conocer los nombres de los miembros del clero a quienes consideran que enfrentan acusaciones creíbles puso de relieve el problema desafiante de cómo vigilar y rastrear a los sacerdotes que en una situación casi habitual nunca fueron acusados penalmente y que en muchos casos simplemente fueron expulsados de la Iglesia o la dejaron para vivir ahora como ciudadanos comunes y corrientes.
Cada diócesis determina sus propios criterios para considerar si un sacerdote enfrenta acusaciones creíbles.
Las denuncias van desde conversaciones inapropiadas y abrazos indeseados hasta sodomía o violación.
A la fecha, las diócesis y las órdenes religiosas han compartido los nombres de más de 5 mil 100 miembros del clero con acusaciones creíbles, más de tres cuartas partes de ellos el año pasado.
De acuerdo con una revisión, de dos mil acusados, más de 160 continuaban trabajando con paga o como voluntarios en iglesias, entre ellas decenas de diócesis católicas en el extranjero.
Alrededor de 190 obtuvieron licencias profesionales para trabajar en educación, medicina, trabajo social y asesoría jurídica, entre ellos 76 que hasta agosto continuaban teniendo credenciales válidas en esos campos.
En la investigación también se encontraron casos en los que los sacerdotes volvieron a atacar víctimas.
Después de que Roger Sinclair fue expulsado en 2002 de la diócesis de Greensburg, en Pensilvania, porque presuntamente abusó de un adolescente décadas antes, terminó en Oregon.
En 2017, fue arrestado por acosar sexualmente a un joven discapacitado y ahora está en prisión por un delito que según el principal investigador en el caso de Oregon jamás se debió permitir que sucediera.
Al igual que Sinclair, la mayoría de quienes fueron incluidos en una lista de personas creíblemente acusadas jamás enfrentaron juicio penal por los presuntos abusos cometidos cuando pertenecieron a la Iglesia.
La falta de disponibilidad de antecedentes penales ha expuesto una enorme brecha gris que impide actuar a las juntas estatales de licencias y los servicios de verificación de antecedentes cuando los ex sacerdotes buscan un empleo nuevo, solicitan ser padres adoptivos y viven en comunidades que ignoran la presencia y el pasado de esas personas.
Según la investigación y análisis, más de 310 de los dos mil miembros del clero que enfrentan acusaciones creíbles cometieron los delitos cuando eran sacerdotes.
Cuando la primera gran oleada de abusos protagonizados por clérigos afectó las diócesis católicas a principios de la década del 2000, los obispos estadounidenses crearon la llamada Carta Dallas, que sería la base para atender denuncias de abuso sexual, y que incluiría capacitación y otros procedimientos a fin de impedir esa situación.
Sin embargo, la mayoría de las diócesis optó por no identificar a los sacerdotes implicados.
Y entre las diócesis que han dado a conocer las listas desde entonces, algunas sólo facilitaron los nombres, sin detalles de las denuncias por las que fueron incluidos, ni las fechas de las asignaciones o las parroquias a las que pertenecieron.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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