Luisa María Alcalde, la funcionaria estrella de AMLO con siete familiares trabajando en el gobierno
La vieja práctica del nepotismo (trato a favor de familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos) es una acción que ni la Cuarta Transformación ha logrado erradicar.
Tras una serie de denuncias dadas a conocer por la prensa mexicana, la Secretaría de la Función Pública podría abrir un expediente por el presunto conflicto de interés relacionado con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján y sus allegados que forman parte de la Administración Pública Federal .
La familia Luján en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal (Tabla: Infobae)
De acuerdo con el portal Nómina Transparente de la Administración Pública, al menos cuatro de sus familiares directos son servidores del gobierno. Se trata de sus primas, Tania Tiscareño Luján, quien se desempeña como Jefa del Departamento de Comité Nacional de Profesionalización de la Asistencia, perteneciente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, Karina Luján Luján, que ocupa el cargo de Directora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública, su hermana, Bertha María Alcalde Luján, ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su mamá, Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional de Morena.
El portal también registra a la familia política de Tania Tiscareño Luján —prima de Luisa María Alcalde— de tener puestos como servidores públicos. Óscar Sandoval Salas, esposo de Tania, ejerce un cargo en la dirección de Evaluación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con un sueldo neto de 56,318 pesos. Dos personas más, identificadas como parientes del funcionario público, Gloria y Daniela Sandoval Salas, trabajan en la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo y Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con un salario de 56,318 y 43,119.19 pesos, respectivamente.
Cuestionada al respecto, la secretaria de la STPS aseguró que cada persona es responsable de su propia historia, por lo que le parece correcto que sus familiares puedan llegar a buscarse un futuro en el país.
Además recordó que sus primas han trabajado desde hace varios años en el sector público, por lo que sus posiciones no tienen que ver con la actual administración. "Lo que no se vale es que cuando alguien no tiene méritos, por favores o por tráfico de influencias empiezan a hacerlo. Cada una de ellas (sus familiares) no tiene ninguna limitación de trabajar en los diferentes niveles si es a través de su honestidad y desempeño diario.
La trayectoria de la familia Alcalde Luján comenzó con Bertha Luján Uranga —madre de Luisa Alcalde— quien desde la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2003), ocupó del cargo de contralora, y actualmente es la Presidenta del Consejo Nacional de Morena.
En julio del año pasado, el nombramiento de Bertha Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, como ejecutiva en un área del Sistema Nacional de Seguridad Pública, causó polémica.
Bertha llegó al puesto de secretaria adjunta por el visto bueno del presidente de México, pero tampoco ocupó el cargo por su trayectoria, sino por una designación directa del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Tan sólo ocho meses después, Alcalde Luján se incorporó como Jefa de Oficina de Durazo.
Como precepto de su gobierno, López Obrador aseguró que bajo ninguna circunstancia existiría influyentismo, amiguismo o nepotismo.
Este viernes, en su conferencia matutina, el mandatario señaló que Luisa y su hermana Bertha trabajan en distintas áreas, y si ocupan cargos de alto nivel en la política es por su profesionalidad. “No hay nepotismo, pero si tienen ustedes elementos, están en todo su derecho de presentar una denuncia, además ya está tomando nota la Secretaría de la Función Pública, seguramente ella va a hacer la investigación de oficio si existiera nepotismo, porque no se permite, la ley de austeridad lo prohíbe. En el caso de las dos hermanas, no considero que lo haya”, aseveró.
Luisa María Alcalde no es la única que se salta el semáforo. Ahí está también la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval para personificar un nepotismo exquisito y descomplejado que desafía sin rubor la tradición y hasta los valores morales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe esta práctica.
Con información de Infobae
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Notas recientes
Las más leídas
