Letalidad militar en la 4T: Fuerzas Armadas suman 1,302 ataques que han dejado 838 civiles abatidos

A mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han superado las agresiones al personal militar y los civiles abatidos en comparación con cifras registradas al comienzo de la guerra contra el narco que implementó el entonces presidente Felipe Calderón desde finales de 2006.

Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan que en todo el periodo que comprende 2019, 2020, 2021 y hasta el 12 de mayo de este 2022, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional han sido atacadas en mil 302 ocasiones, lo que causó que 838 civiles fueran abatidos y mil 464 más resultaran detenidos, algunos con lesiones, aunque no se sabe cuántos en específico.

Al comparar los primeros tres años de gobierno, sin el mes de diciembre en que los presidentes arriban al poder, en el actual sexenio de López Obrador se han multiplicado cuatro veces las agresiones contra personal militar y duplicado los abatidos respecto a lo contabilizado en 2007, 2008 y 2009, cuando la narcoguerra empezó a repuntar con cifras históricas.

Con el mandatario que no cumplió regresar a los soldados a sus cuarteles, la Sedena ha consignado mil 141 agresiones en 2019, 2020 y 2021. Durante ese lapso hubo 744 personas fallecidas por enfrentamientos con los castrenses y mil 253 quedaron arrestados, una parte no precisada, tras ser heridos en el combate.

Al evaluar el mismo intervalo de Felipe Calderón, de 2007 a 2009, los informes indican que en la primera mitad del sexenio de la guerra contra el narco hubo 370 ataques contra militares con 323 abatidos y 677 detenidos, algunos con lesiones por arma de fuego.

De 2013 a 2015, espacio comparativo en las gestiones de Enrique Peña Nieto, los ataques apenas son menores que aquellos correspondientes en la administración del morenista, pues se contabilizaron mil 64 casos.

Sin embargo, los abatidos sí fueron más que con el antecesor del priista y para el gobierno que le sucedió, con mil 29 personas fallecidas. Incluso la cifra de arrestos fue menor con datos del actual presidente con 856 personas capturadas en las confrontaciones. Es decir, los militares mataron a más de los que arrestaron, según el propio modelo de la Sedena.

La letalidad inventada con AMLO

López Obrador ha presumido que los índices de letalidad en su mandato están lejos de aquello registrado con sus antecesores. Pues incluso contabiliza el saldo de tres años y medio con dos sexenios previos.

De acuerdo con cifras y el estándar inventado por la Sedena, esta administración tiene una proyección a la baja en ese sentido. Con ello, el gobierno federal justifica que su estrategia ha funcionado, pues han buscado alternativas, antes que llegar a las agresiones directas.

“Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, dijo el presidente en su conferencia matutina de este 12 de mayo.

Aunque organizaciones y académicos especialistas han cuestionado el método para establecer la letalidad de las Fuerzas Armadas, la diferencia entre abatidos y quienes son detenidos en este gobierno favorecen el argumento del presidente. Se acumulan más asegurados que aquellos abatidos en los enfrentamientos.

La distancia estricta por lo registrado oficialmente fue de 168 en 2019; 188 para 2020; 153 en 2021 y hasta el 12 de mayo, 117. De ahí que se presume un residuo de 626 entre personas fallecidas y aquellas detenidas en el sexenio de la llamada cuarta transformación. Sin embargo, la Sedena ocultó desde 2015 hasta 2019 cifras que permitieran realizar el análisis para calificar el uso de la fuerza.

Catalina Pérez Correa, Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, dijo a Infobae México que las autoridades no siguen estándares internacionales para determinar la letalidad, porque suman heridos y detenidos.

En cambio, el Ejército debería obtener la relación únicamente entre fallecidos y lesionados para medir de manera correcta. Aún cuando han avanzado en transparentar y no han caído responsabilidades contra quienes reservaron los datos solicitados por transparencia, (porque argumentaron que no era de su competencia), la Sedena recae en la misma crítica, de ahí que sea impreciso calificar lo difundido por la presidencia.

De acuerdo con Pérez Correa, para medir cómo se usa la fuerza letal, el análisis debería hacerlo un organismo independiente que pueda determinar casos concretos y revisar posibles ejecuciones extrajudiciales. Eso sería lo ideal en las evaluaciones de transparencia, además de establecer diversos indicadores, porque no es lo mismo el uso que el abuso.

Con datos más precisos podría conocerse qué porcentaje de homicidios son cometidos por fuerzas de seguridad y alertar cuando incremente la letalidad en ese ámbito. Pero parte de las restricciones en México comienzan desde que no hay investigaciones eficientes para conocer quiénes cometieron los asesinatos, de ahí que análisis preliminares sean poco confiables.

La académica del CIDE reparó en estándares internacionales de la Cruz Roja, los cuales permiten indicar que en conflictos bélicos hay cuatro heridos por una persona fallecida. Algo que cambia según el tipo de armamento o sitio del enfrentamiento, si es un lugar cerrado o abierto. Los análisis del Monitor de Fuerza Letal señalan que en América Latina y el Caribe se invierten índices de letalidad y contabilizan más muertos que heridos.

La especialista apuntó que durante la guerra contra el narco, en el periodo de Felipe Calderón, los índices letales del Ejército alcanzaron niveles exponenciales, de nueve a 10 personas muertas por cada herido. Mientras que intervenciones de la Marina eran de magnitud superior, sin dejar sobrevivientes.

Pérez Correa añadió que aún con los mismos datos cuestionables del gobierno federal, se muestran aumentos en el uso de la fuerza letal. A ello tendrían que agregar más intervenciones específicas de la Guardia Nacional, compuesta estructuralmente por militares.

Aún más, si se pretende entregar la seguridad pública de manera formal y permanente a la Sedena con la regulación que será presentada en el Congreso para incorporar la corporación que sustituyó a la Policía Federal bajo el dominio de los castrenses.

Las autoridades militares, según la profesora del CIDE, deberían respetar estándares internacionales para calcular el saldo de sus enfrentamientos. Pues la invención actual no estable alcances precisos. De continuar como lo han establecido, la ciudadanía debería ser cautelosa con lo presumido por el presidente.

López Obrador ha reiterado que heredó una ola de inseguridad por la guerra contra el narco. En su último informe por 100 días de gobierno de este 2022, reconoció que llevará más tiempo pacificar al país. También ha dicho que de no revertir esta problemática, simplemente fracasará en su gobierno.

Con información de Infobae