La diputada Julieta Mejía Ibáñez, a través de la diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, ambas de MC, presentó una iniciativa de reforma constitucional, con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Imagen Institucional del Estado Mexicano.
Las modificaciones a los artículos 73 y 134 de la Carta Magna precisan que dicha legislación establecerá los principios y bases de la imagen institucional, la cual no podrá utilizar colores alusivos o vinculados a los partidos políticos.
Será de orden público y de observancia general en los tres órdenes de gobierno y tiene por objeto fijar las bases para el uso de colores, imágenes y elementos de identidad en los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público.
Precisa que la imagen de todos los entes públicos deberá contener los colores institucionales, las entidades federativas utilizar el nombre y escudo regulado en las leyes estatales que correspondan, y los municipios el nombre y escudo regulado en los Bandos de Policía y Buen Gobierno.
Además, los entes públicos no podrán sustituir, modificar o eliminar elementos que identifican bienes muebles o inmuebles de su propiedad cuando exista un cambio de administración.
La inciativa, que también reforma el artículo 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que incurrirá en uso indebido de la imagen institucional el o la servidora pública que altere o modifique esa imagen en bienes muebles e inmuebles del ente público debido a un cambio de administración.
Agrega que en el diseño de los sitios web, deberá utilizarse los colores institucionales o aquellos que no puedan ser vinculados a persona alguna o partidos políticos, nacionales o estatales, y se deberá prescindir de acciones de promoción de éstos o de funcionarios públicos.
?En la argumentación, se indica que el cambio de colores de identidad, logotipo e imagotipo dentro de los tres órdenes de gobierno, de los tres Poderes de la Unión, así como de los órganos constitucionales autónomos, deben cumplir lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, a fin de que los recursos públicos se ejerzan de manera imparcial para no incidir en las contiendas electorales.
Puntualiza que el Estado mexicano no es patrimonio de ningún partido político, por lo que la presente iniciativa no plantea ningún impacto presupuestario dentro de las finanzas públicas; al contrario, genera un gran ahorro y contribuirá a garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y, por supuesto, honradez.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen en la parte correspondiente, y a las comisiones unidas de Gobernación y de Población y Transparencia y Anticorrupción, además de la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Tras la aprobación en Fast Track de la “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí, que beneficiaría a Ruth Gónzalez, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, fuentes internas del legislativo señalan que podría haber una ruptura entre el partido oficialista y el PVEM.
Fue el medio Político.mx quien destapó esta posible ruptura, ya que este podría ser un claro ejemplo de un caso de nepotismo, pues con la aprobación de esta ley, en el 2027 la persona que quedaría al mando del estado tendría que ser mujer.
Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

Tras la aprobación en Fast Track de la “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí, que beneficiaría a Ruth Gónzalez, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, fuentes internas del legislativo señalan que podría haber una ruptura entre el partido oficialista y el PVEM.
Fue el medio Político.mx quien destapó esta posible ruptura, ya que este podría ser un claro ejemplo de un caso de nepotismo, pues con la aprobación de esta ley, en el 2027 la persona que quedaría al mando del estado tendría que ser mujer.
Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
