Ramírez Bedolla inaugura teleférico en Uruapan pese a amparos y denuncia penal en su contra

URUAPAN, Mich. (Proceso).- Cimentado en la opacidad, la violación a la ley, el lucro político, la represión y la muerte, el teleférico en el municipio de Uruapan será inaugurado el 18 de abril como una de las obras emblemáticas del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán.

Sobre el gobernador pesa una denuncia en la causa penal 309/2025 por el homicidio del abogado Isidro Ramos Sandoval, quien representaba a habitantes de Uruapan afectados por la obra y que había logrado, vía amparos, suspensiones definitivas de los trabajos. El abogado fue asesinado el 29 de marzo de 2025.

También están señalados el finado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y su hermano Juan, quien se desempeña como subsecretario de Gobernación en el estado.

La obra, con una longitud de 8.4 kilómetros, seis estaciones, 48 torres y 91 cabinas, fue anunciada oficialmente en septiembre de 2023, ya que la licitación SEDUM-DOM-OBRAMULT-LP-015-2023 se había realizado y el contrato estaba firmado con la empresa austriaca Doppelmayr y la mexicana Grupo Indi por un monto de 3 mil 286.2 millones de pesos.

Grupo Indi ha sido ampliamente favorecido con obras de la 4T. Estuvo a cargo de la construcción del Tren Maya en el tramo que pasa por Playa del Carmen y que presenta hundimiento de pilotes que sostienen la vía férrea, como informó Proceso el 9 de abril; además de haber participado en la construcción del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, conocido como el Tren Interoceánico, que en diciembre pasado se descarriló en Oaxaca (Proceso edición XXXIII de marzo último).

El teleférico es una de las obras multianuales con las que Alfredo Ramírez ha buscado posicionar a Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), para que lo suceda en el cargo en 2027. Con cada paso realizado en la obra se ha difundido su imagen vía promocionales, giras, espectaculares, ruedas de prensa, boletines y entrevistas.

Al arribar a la gubernatura en 2021, con apoyo del Congreso local, Bedolla reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Sedum de Butanda, otorgándole facultades en infraestructura de transporte alternativo que le han permitido ejercer directamente recursos para obra pública, lo que antaño era atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

El proceso de licitación, la visita del lugar de la obra, la recepción de propuestas, la junta de aclaraciones, el dictamen, el fallo de adjudicación y la firma del contrato fueron realizados a toda velocidad por la Sedum, en tan sólo tres semanas, entre agosto y septiembre de 2023.

El teleférico se concluyó y será inaugurado pese a la existencia de cuatro suspensiones definitivas —para la construcción de diversas torres— emitidas por el juez sexto de distrito, René Castro Lara, a partir de igual número de amparos promovidos por uruapenses afectados por los trabajos.

Imposiciones y uso de la fuerza

El recorrido del teleférico atraviesa de oriente a poniente la ciudad, cruzando alrededor de 30 de las más de 400 colonias que la conforman, desde el IMSS en la zona oriente, pasando por el libramiento, la Plaza Ágora, las oficinas del ayuntamiento y el centro, para terminar en Mercado Poniente. Las autoridades estiman que en él se trasladarán hasta 19 mil pasajeros.

María de la Luz Ortiz Sandoval, habitante del fraccionamiento Bosques de Uruapan, recuerda cómo empezó a circular el rumor de que se construiría una torre en el área del bosque en el fraccionamiento, lo que implicaría la tala de árboles. Los vecinos manifestaron su inconformidad, se realizaron reuniones en las que se decidió promover un amparo para impedir la construcción, argumentando violaciones a derechos como el acceso al agua y a un medio ambiente sano. Su esposo, el abogado Isidro Ramos Sandoval, en calidad de presidente de la Asociación de Colonos, encabezaría las acciones legales.

Aunque las autoridades han asegurado que no hay afectación ambiental, más allá de su dicho prevalece la opacidad. El 24 de enero de 2025, durante la tercera sesión extraordinaria de su Comité de Transparencia, la Sedum determinó reservar la información relacionada con los procesos de gestión de la obra a partir de dos solicitudes de información que le fueron turnadas en 2024.

Tras promover el amparo 6/2025, Isidro Ramos logró una suspensión provisional de los trabajos en Bosques de Uruapan, que el 10 de marzo de 2025 pasó a ser definitiva. El recurso legal fue como respuesta a denuncias presentadas por las autoridades contra colonos inconformes.

Vecinos del fraccionamiento contiguo, Villas de la Fuente, donde se instalarían dos torres, buscaron a Isidro para solicitar apoyo; después acudieron con él habitantes del centro de la ciudad y diversas agrupaciones. Así el abogado se convirtió en defensor legal de los afectados por el teleférico.

Otros tres amparos obtuvieron suspensiones definitivas, uno de ellos colectivo con Isidro como representante legal, el 787-2024. Otro par promovido por particulares: el 67-2025 y el 798-2024.

El asesinato

Juan Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobernación en el estado, promovió una reunión en el fraccionamiento Bosques de Uruapan, buscando sin éxito la destitución de Isidro como presidente de la Asociación de Colonos. Luego lo buscó personalmente para ofrecerle apoyos y advertirle: “Mira, ni te interpongas, porque aunque tengas las suspensiones, nosotros lo vamos a hacer. Y si no te retractas, vamos a abrir las bocacalles”, refiere María de la Luz.

El 20 de marzo de 2025, vecinos cerraron los accesos al fraccionamiento ante la presencia de la Guardia Civil. Dos días después, fuerzas de seguridad ingresaron con trabajadores y maquinaria del ayuntamiento de Uruapan y talaron árboles, pese a la suspensión judicial.

Ese mismo día, el juez sexto de Distrito denunció al gobernador Alfredo Ramírez ante la FGR por la violación de la suspensión, ya que los uniformados dijeron que la acción era por órdenes del gobernador.

Desde el inicio de la obra del teleférico, el uso de la fuerza pública fue constante para desalojar manifestantes y permitir el paso de maquinaria. En septiembre de 2025, el alcalde Carlos Manzo anunció la suspensión de los trabajos para exigir la captura de los responsables del asesinato de un policía y un plan de seguridad. Dos meses después, tras el asesinato del edil, se registraron actos vandálicos y fue incendiada la estación tres.

Tras la irrupción de las fuerzas de seguridad en Bosques de Uruapan, Isidro fue contactado por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la promoción de una queja, también lo buscaron del ayuntamiento de Uruapan para citarlo a una reunión con Carlos Manzo el día 25.

María de la Luz se inquietó, le pidió a Isidro que no acudiera a la reunión con Manzo. “¿Y si te pasa lo que al periodista (Mauricio Cruz Solís), que lo citaron y luego lo mataron? Siento que te pueden poner un cuatro”. Él le respondió que no iría solo, que no estaba haciendo nada malo y que todo era legal.

El día de la cita, aunque Carlos Manzo se encontraba a unos metros de donde se desarrollaba la reunión, sentado solo frente a una mesa y observando, no se acercó. Ahí, un grupo de abogados intentó disuadir a Isidro de hablar con la CNDH y buscó deslindar al ayuntamiento de la violación del mandato judicial, pese a que la maquinaria utilizada tenía sus logotipos.

Cuatro días después, Isidro fue a recoger a tres de sus hijos menores de edad en la colonia Tierra y Libertad. Al abrir la puerta de su auto para que subiera el más pequeño, un hombre a bordo de una motocicleta le disparó directo al corazón. El abogado falleció con la mirada clavada en el menor.

“Yo puse la denuncia directamente en contra de Carlos Manzo, de Juan Manzo y del gobernador Ramírez Bedolla, porque para mí eran los responsables”, refiere María de la Luz, quien acusa revictimización de su marido dentro de la Fiscalía General del Estado, y la detención de una persona como presunta responsable, con base en pruebas que no corresponden a la realidad.

El primero de abril, en rueda de prensa, Carlos Manzo pidió a las autoridades “poner atención” en las causas del homicidio de Isidro Ramos y aseguró que su familia contaba con el apoyo del ayuntamiento, lo cual nunca sucedió.

Tras el asesinato de Isidro, en uno de los amparos que obtuvo suspensión definitiva, el particular que lo promovió decidió desistirse por miedo; otro fue sobreseído. Los dos promovidos por el abogado siguen pendientes de sentencia, con las suspensiones firmes sobre la construcción de torres del teleférico.

Con información de Proceso.