Cuatro años después, inicia juicio por la muerte del estudiante Ángel Yael en un ataque de la Guardia Nacional

Cuatro años después del ataque en el que elementos de la Guardia Nacional presuntamente dispararon contra una camioneta donde iban estudiantes de la Universidad de Guanajuato, dio inicio el juicio oral en el que la justicia federal deberá determinar si condena o absuelve a los guardias involucrados.

En estos hechos, murió Ángel Yael Ignacio Rangel de 19 años. Desde entonces, el camino hacia la justicia para las familias —la del joven y las de tres compañeros sobrevivientes que iban con él— ha estado lleno de demoras y tropiezos.

En este punto del proceso, el objetivo de los abogados que acompañan a las familias, es conseguir que los elementos sean declarados penalmente responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de Ángel Yael y por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de los otros tres estudiantes, con lo que podrían recibir una pena de más de 50 años de prisión.

“Esta desgracia no debe repetirse jamás en ninguna familia de Irapuato ni de México. Por Ángel Yael, por sus compañeros que también se encontraron en peligro, les pido que nos apoyen a proclamar justicia”, fue el llamado de  Norma Lucía Rangel Sánchez, madre del joven, a unos días del inicio del juicio.

Hasta el momento hay dos elementos de la Guardia Nacional bajo proceso por estos hechos. Uno de ellos  —acusado por homicidio doloso— está en prisión preventiva en una cárcel militar de Zapopan, Jalisco; y el otro —acusado por homicidio, pero sólo en grado de tentativa— se encuentra en libertad con medidas restrictivas.

Animal Político buscó a la Guardia Nacional para conocer su postura al respecto y saber si existe alguna investigación en curso desde la institución, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta. 

La muerte (que nunca debió suceder) de Ángel Yael en Irapuato

La tarde del 27 de abril de 2022, Ángel Yael y tres estudiantes más de  la licenciatura de Ingeniería en Agronomía, se encontraban en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, campus Irapuato-Salamanca, abordo de una camioneta Ecosport Ford color blanco a la salida de la escuela. 

La institución tenía apenas dos meses de haber retomado las clases presenciales, tras la virtualidad impuesta por la pandemia por el covid-19, por lo que las y los jóvenes —menores de 20 años— apenas se estaban conociendo.

De acuerdo a la defensa de la familia de Ángel Yael, las víctimas sobrevivientes y testigos de los hechos, señalaron en las audiencias que los cuatro estudiantes — dos hombres y dos mujeres— estaban por retirarse, cuando repentinamente se acercaron cuatro camionetas de la Guardia Nacional que frenaron intempestivamente. Dos uniformados bajaron de los vehículos y, sin motivo aparente, adoptaron la posición de disparo.

Según los testimonios, ambos guardias habrían accionado sus armas de fuego en contra de la camioneta mientras esta avanzaba lentamente. Por tal motivo, los disparos entraron de atrás hacia adelante en el vehículo, indica el expediente del caso.  

Uno de los elementos, identificado como Iván “N”, habría disparado con un arma de fuego de alto calibre (.308), razón por la que los abogados y peritos del caso aseguran que se puso en peligro al grupo de estudiantes que iba a bordo.

El segundo tirador, identificado como Jesús “N”, también habría disparado contra la camioneta, pero con un arma larga, un fusil marca DPMs, hiriendo el hombro de una de las estudiantes y alcanzando a Ángel Yael, quien ocupaba el lugar de copiloto.

El conductor, al notar que su amigo tenía sangre, aceleró la camioneta, pero unos 300 metros más adelante fueron detenidos por los mismos vehículos de la Guardia Nacional. El disparo que alcanzó a Ángel Yael le dio directo en la cabeza, relató el abogado del caso. 

El dolor de una familia destruida

Desde el inicio, la señora Norma Lucía Rangel Sánchez y el señor Gerardo Ignacio Campos, madre y padre de Ángel Yael, exigieron que la muerte de su hijo mayor no quedara  impune.

Incluso informaron que no aceptarían una reunión con la Guardia Nacional hasta que hubiera una explicación que consideraran “justa y congruente con los hechos”.

Norma Lucía también denunció públicamente el profundo daño causado a su familia tras la pérdida de su hijo, a quien describe como un joven “fuerte, guerrero, con muchas ganas de crecer y poder lograr ser alguien importante en la vida como profesionista”.

“Mi familia no volvió a ser la misma. Es más, ya no hay familia. Ese núcleo se destruyó desde ese 27 de abril y todo porque a alguien se le hizo fácil accionar sus armas, haciendo mal uso de ellas sin imaginar lo que ocasionaría”, señaló en una conferencia de prensa celebrada el pasado 5 de marzo previo al inicio de la etapa de juicio.

“Por eso yo, Norma Lucía Rangel, madre de Ángel Yael, vengo a pedir justicia por mi hijo y vengo a que me apoyen a seguirla pidiendo”, dijo al finalizar su mensaje. 

Quejas por abuso de la fuerza de la Guardia Nacional

Tan solo en 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 387 quejas en contra la Guardia Nacional por agresiones como desaparición forzada, lesiones y uso excesivo de la fuerza, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos. 

En el caso de Ángel Yael, los testimonios de los sobrevivientes y de los propios elementos de la Guardia Nacional —presentes el día de los hechos, según la defensa del joven— coinciden en que el ataque fue injustificado.

“Incluso ellos declaran que sus compañeros de la Guardia Nacional bajaron de la camioneta y, sin motivo, sin mediar palabra, sin aviso previo, sin razón alguna, dispararon en contra de los muchachos”, señaló el abogado Pablo González Sierra, asesor jurídico de la familia de Ángel Yael y de otros dos estudiantes, en entrevista con Animal Político.

“Los estudiantes no le hacían daño a nadie”, reitera la madre de Ángel Yael, y refrenda su esperanza en que “los jueces y juezas cumplan con su trabajo y que juzguen con justicia, aplicando la Constitución y la ley, esperando que no se dicten decisiones irracionales, como lo han venido haciendo”.

La lucha por la pena máxima y el silencio institucional

El litigio ha durado casi cuatro años debido a “diversas impugnaciones legales”, y a que no prosperó una solicitud para incluir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como “responsable solidario” —una figura legal con la que se busca que sea obligada a cumplir con la reparación de daño—, explica el abogado Pablo González Sierra, quien detalla que las víctimas insisten en que la justicia puede limitarse a la cárcel.

Sin embargo, la Guardia Nacional “no ha tenido un pronunciamiento institucional en relación con nuestros reclamos”.

El abogado Pablo González busca que la jueza Verónica Viridiana Sandoval Hurtado, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, declare a los elementos de la Guardia Nacional penalmente responsables por los delitos antes señalados. 

En caso de una sentencia condenatoria, las personas acusadas podrían enfrentar una sanción o “condena de más de 50 años de prisión” como pena mínima acumulada por los delitos, además de las sanciones de reparación del daño.

El juicio oral finalmente se inició el 23 de marzo de 2026. Hasta el momento, han declarado tres estudiantes sobrevivientes, otros que presenciaron los hechos, cuatro agentes de la Guardia Nacional (incluido el capitán que dirigía el operativo) y cuatro peritos de la Fiscalía General de la República.

Cuatro años de obstáculos en el caso de Ángel Yael 

Las irregularidades del caso se iniciaron desde el principio, como el auto de no vinculación a proceso a un elemento de la GN y la imputación inicial de la Fiscalía General de la República (FGR) por tentativa de homicidio a pesar de la muerte del estudiante.

La más reciente dilación ocurrió el martes 17 de marzo de 2026, cuando se debía iniciar la audiencia de juicio oral. La sesión fue suspendida debido a la inasistencia de los abogados defensores de los dos elementos de la GN procesados.

El abogado de la familia, Pablo González Sierra, explicó que dos de los defensores no asistieron “y no dijeron por qué”, mientras que un tercero presentó un justificante que la jueza consideró “inaceptable”.

Ante esto, la jueza Sandoval Hurtado ordenó al Ministerio Público Federal que investigara si el documento era “legítimo, si es cierto, si no fue falsificado ese justificante”.

En mayo de 2022, estudiantes e integrantes de la sociedad protestaron en Guanajuato tras la muerte del alumno. Foto: Cuartoscuro/Archivo

González Sierra calificó la acción como una “argucia ilegal, inadmisible y lamentable, como lo dijo la jueza”.

Además, lamentó la situación, que obligó a movilizar a “más de 29 personas, que son nuestros testigos, que han venido de Dolores, de Toluca, de Irapuato y otras personas que vienen de otras partes del país”. 

“Se están burlando de nosotros, de las víctimas, se están burlando de la propia juez y creo que eso es inadmisible”, dijo el abogado a medios de comunicación al salir de la audiencia.

Con información de Animal Político.