Ya está la Reforma Electoral que se discutirá en San Lázaro; opositores dijeron que no pasará

Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Reforma Política-Electoral, y de Gobernación y Población dieron a conocer el proyecto de dictamen de la Reforma Político-electoral que será sometido a discusión y votación en el Congreso de la Unión, donde se contemplan múltiples modificaciones legales.

Este proyecto de decreto contempla 62 iniciativas que modifican la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 73 a leyes secundarias, al respecto, Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, dijo que el proyecto fue elaborado por ella y Juan Ramiro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

En el texto final se toma en cuenta el impacto presupuestal que tendría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y sostuvo que es un documento extenso de “casi mil cuartillas (935)”.

Al respecto, destacó que ninguna de las 135 reformas busca desaparecer y/o atentar con la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino que buscan mejorar el sistema político-electoral mexicano y dar certidumbre a las instituciones para un mejor entorno democrático.

“Las diferencias existen y son fundadas en la ideología y percepción de cada grupo parlamentario, lo que es enriquecedor por el pluralismo democrático que representa y el pluripartidismo que ha caracterizado el proceso de transición y alternancia política”

Cabe recordar que los principales puntos que promueve este paquete de modificaciones es reducir el presupuesto a partidos políticos y al INE; eliminar 200 curules en la Cámara de Diputados, 32 escaños en el Senado de la República, terminar con los legisladores plurinominales y, en su lugar, plantear un esquema de listados por partidos; así como la eliminación de los tribunales locales electorales y OPLEs.

Otro dato relevante de esta propuesta es que la ciudadanía pueda votar por los consejeros del INE y por los magistrados del TEPJF; además, plantea facilidades para que los mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer su voto de manera más sencilla, además de que se impulsa el voto electrónico y una regulación salarial para que los colaboradores de estos organismos no puedan ganar más que el presidente de México.

Sin embargo, la oposición parlamentaria ya dijo que este paquete de reformas no va a ser aprobado, por lo que se espera que esta iniciativa no obtenga la mayoría relativa (dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados) que necesita para pasar a su ratificación en el Senado de la República.

Cabe recordar que este panorama ya había sido previsto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que, ante la imposibilidad de que su iniciativa constitucional, propondrá modificaciones a las leyes secundarias. Esto fue conocido como Plan B y, aunado a ello, la oposición prevé un plan para que éste tampoco entre en vigor.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que si el Plan B de AMLO llegara a prosperar en el Congreso de la Unión, los opositores promoverían controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), por lo cual, serán los magistrados de la Sala Superior quienes definirán la viabilidad de la reforma político-electoral.

Por parte del PRI, tanto Alejandro Moreno como Rubén Moreira, presidente del partido y líder de la bancada en San Lázaro, respectivamente, fijaron una postura similar, en la que aseguraron que el Partido Revolucionario Institucional no validará la reforma que se espera iniciar su discusión el lunes 28 de noviembre.

Con información: Infobae.com