Persecución y cárcel a opositores, la ruta de Maduro hacia la reelección

BOGOTÁ (Proceso). La detención de la respetada activista humanitaria Rocío San Miguel en Venezuela y los cargos de “traición a la patria” y “terrorismo” presentados en su contra por la Fiscalía del régimen indican que el presidente Nicolás Maduro ha elegido el camino de “la represión”, la “intimidación” y el encarcelamiento de sus críticos y opositores para posibilitar su reelección en los comicios de este año, afirman especialistas en derechos humanos y académicos consultados por Proceso.

La directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk, dice que la detención de San Miguel, quien que ha documentado durante años las violaciones humanitarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su papel como sostén del régimen de Maduro, demuestra que en Venezuela existe una grave arremetida contra los opositores y los críticos.

“Antes había masivas protestas, detenciones de miles personas y violencia en la calle contra los manifestantes, y hoy existe una represión más selectiva que está dirigida contra ciertos miembros de la oposición y representantes de la sociedad civil”, señala la experta en temas que socavan la democracia en la región.

El encarcelamiento de San Miguel, considerado por varios organismos internacionales como “arbitrario”, coincide con el anuncio del régimen de que en los próximos días dará a conocer el calendario para las elecciones presidenciales de este año, en las que se da por un hecho que Maduro se presente a la reelección.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó el martes pasado su “profunda preocupación” por la detención de San Miguel y pidió “respeto a su derecho a la defensa legal”, y el jueves 15 el gobierno pidió a los representantes de esa oficina en Caracas que abandonen el país en plazo máximo de 72 horas, las cuales vencen este domingo.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo que esa oficina ha sido “instrumentalizada” y que “se convirtió en el bufete de grupos golpistas”.

Para el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos, la detención de la activista y la reacción del gobierno de Maduro a la condena internacional de ese hecho forman parte de una estrategia del régimen chavista para mantenerse “a toda costa” en el poder.

El pasado 4 de febrero Maduro dijo al referirse a las elecciones presidenciales: “Vamos a ganar por las buenas o por las malas".

De acuerdo con Ávalos, lo que el presidente le está diciendo al mundo es “no me importa lo que digan y piensen sobre las acciones que decida emprender”.

El sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) considera que lo que está en marcha en el país es una estrategia para que Maduro se reelija de nueva cuenta. Ya lo hizo en 2018 en unos cuestionados comicios que no fueron reconocidos por la Unión Europea, Estados Unidos y parte de América Latina, y este año varias encuestas indican que 80% de venezolanos quiere un cambio de régimen y que el apoyo a Maduro ronda el 20 por ciento.

El director del OEV indica que el mes pasado se produjeron dos sucesos que están relacionados con el plan electoral del presidente: la aprobación legislativa, en un primer debate, de una ley para “regular” a las ONG, y la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado como candidata presidencial, a pesar de que fue electa por una contundente mayoría en las primarias de octubre pasado, en la que participaron 2.4 millones de votantes.

No creer la versión oficial, un delito

San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y una de las activistas de la sociedad civil más destacadas de Venezuela, fue detenida el pasado viernes 9 en el aeropuerto internacional de Maiquetía junto con su hija Miranda Díaz, de 24 años, dos de sus hermanos y el padre de su hija, el militar retirado Víctor Díaz Paruta, cuando hacía sus trámites migratorios para viajar a España.

La reacción de condena a la detención “ilegal” de la activista y sus familiares ha sido amplia y contundente dentro y fuera de Venezuela, país en el que de acuerdo con un estudio del Foro Penal hay 263 presos políticos, entre ellos 18 mujeres y 146 militares activos o retirados.

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, acusó a San Miguel de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación” y el Tribunal Segundo de Terrorismo, donde fue presentada hasta la noche del lunes, la mantuvo en prisión para ser juzgada por esos supuestos delitos que, según el funcionario chavista, fueron cometidos en el marco de un complot contra Maduro.

Según Saab, San Miguel participó en la “trama conspirativa” conocida como “Brazalete Blanco”, denunciada el mes pasado por el fiscal –una más de las que con frecuencia publicita el régimen– y según la cual un grupo de militares insurrectos atacaría un Batallón de Infantería en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, para robar armas que serían utilizadas para asesinar a Maduro.

El fiscal, un incondicional de Maduro, dijo que “la misión” de la abogada y activista era “comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando” y aseguró que ella fue “delatada por los militares detenidos”. Aunque Saab no mostró ninguna prueba de sus afirmaciones, amenazó con procesar penalmente a quienes pongan en duda esa versión oficial, porque de esa manera “delinquen”.

La mano negra de la policía política

Un grupo de 204 organizaciones civiles venezolanas y de América Latina y 415 activistas pidieron en un comunicado su liberación inmediata y calificaron el hecho como un acto de “desaparición forzada” perpetrado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del régimen.

San Miguel permanece incomunicada en la tenebrosa cárcel del Sebin, conocida como El Helicoide, donde el régimen de Maduro tiene a sus presos políticos y en la cual se aplican la tortura “y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, mientras que el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos sigue “muy de cerca” la situación de la directora de Control Ciudadano y especialista en seguridad y defensa.

La presidenta de la Misión de Investigación de la ONU en Venezuela, Marta Valiñas, señaló que el caso de San Miguel forma parte “de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores”.

La Unión Europea (San Miguel tiene doble nacionalidad, venezolana y española), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional pidieron a Maduro garantizar la integridad personal de la activista, quien tiene una amplia trayectoria como defensora de los derechos humanos y es autora de informes e investigaciones sobre el enorme poder político y económico que ha alcanzado la Fuerza Armada en los 25 años de chavismo.

En una audiencia realizada el lunes pasado por la noche y a la cual no se permitió el acceso de los abogados de los detenidos, San Miguel fue informada de los cargos y su expareja, Alejandro González de Canales, un coronel en retiro, fue acusado de “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”.

La hija y los familiares de San Miguel detenidos en el aeropuerto de Maiquetía junto con ella obtuvieron la libertad condicional y deberán presentarse cada semana ante los tribunales. Tienen prohibido salir del país y hacer declaraciones a los medios de comunicación. Todos ellos fueron acusados de encubrimiento.

Además de San Miguel y González de Canales, los servicios de inteligencia de Venezuela han capturado a 19 militares y civiles por la presunta conspiración “Brazalete Blanco” y hay 15 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, según la Fiscalía.

Para la directora del Programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Laura Dib, el gobierno de Maduro implementa una política para “perseguir y silenciar” a quienes son percibidos como opositores, lo que incluye a dirigentes de la sociedad civil, periodistas y cualquier ciudadano crítico.

En ese contexto, asegura, los defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel son catalogados como “enemigos internos”.

Elecciones a la vista

Según la ley, Venezuela deberá realizar elecciones presidenciales este año y Maduro es el virtual candidato del chavismo para buscar una nueva reelección, pero la autoridad electoral, designada por el régimen, no ha dado fecha para los comicios. La inhabilitación de Machado indicaría que el cuestionado presidente está dispuesto a todo para mantenerse en el poder.

Para la especialista de Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk, el chavismo “tiene miedo” de lo que pueda ocurrir en una elección presidencial limpia, transparente y con observación internacional.

Y ese temor, señala, surge de la masiva participación de las internas opositoras en las que resultó electa Machado en octubre pasado y de la alta abstención en el referendo del 3 de diciembre anterior convocado por el gobierno para la creación de un nuevo estado en la zona del Esequibo, que está en disputa con Guyana.

La exdirectora interina de Human Rights Watch para las Américas dice que, ante la embestida del régimen contra los opositores el énfasis de la comunidad internacional debe ser generar condiciones electorales para que los venezolanos puedan salir a votar con libertad y, además, para comenzar a tener una conversación clara de cómo sería el día después de las elecciones.

Es necesario, asegura, tener “un acuerdo político” para que pueda abrirse la puerta a una transición de poder.

“Hoy, en estas condiciones –señala– es impensable que quienes se aferran al poder vayan a dejar el poder si las consecuencias para una buena parte de ellos es acabar presos por violaciones a los derechos humanos o por actos de corrupción”.

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos, dice que varias encuestas indican que Maduro perdería “por goleada” una elección en condiciones de equidad frente a Machado, pues 80% de los votantes, según los sondeos, quiere un cambio de gobierno.

Esa realidad política, señala, es lo que está motivando la embestida del régimen contra los opositores y los dirigentes sociales como San Miguel, a pesar del acuerdo que firmaron en octubre en Barbados el gobierno y la oposición para garantizar un proceso electoral sin vetos a candidatos y sin las usuales “trampas” del chavismo, que acapara todos los poderes del Estado y se sirve de ellos para mantenerse en el poder.

Ávalos sostiene que la ley aprobada en un primer debate en la Asamblea Nacional (AN) para “regular” a las ONG es motivo de especial preocupación, pues esa legislación parece inspirada en la que impulsó Daniel Ortega en Nicaragua para confiscar bienes a organizaciones civiles de ese país y encarcelar y expatriar a sus dirigentes.

Aun antes de que entre en vigor esa ley, que será sometida a un proceso de “consulta nacional”, los policías políticos de la Sebin han citado a varios integrantes de ONG para interrogarlos de manera intimidatoria, con referencias a sus familias, sobre las fuentes de financiamiento y las “actividades políticas” que supuestamente realizan esas organizaciones.

Según el presidente de la AN, el diputado oficialista Jorge Rodríguez, un cercanísimo operador de Maduro, la llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines “permitirá frenar aquellas pretensiones de ONG de desestabilizar al país”, un argumento recurrente en las autocracias contemporáneas.

El silencio de la izquierda y la doble moral de la derecha

Tamara Taraciuk considera que la mayoría de los países latinoamericanos han optado por evitar pronunciarse sobre la andanada del régimen de Maduro contra la oposición y los dirigentes sociales, aunque destaca la firme postura de condena que ha tenido el presidente chileno Gabriel Boric, un exponente de la izquierda moderna comprometida con los derechos humanos.

“Lastimosamente –dice– en América Latina no vemos gobiernos que tengan una política exterior constante en materia de derechos humanos, con excepción de Chile y de la centroderecha uruguaya (del presidente Luis Lacalle Pou), que independiente de la ideología han tenido posturas firmes y contundentes sobre el tema”.

Señala que algunos gobiernos se escudan en el argumento del respeto a la soberanía de otros países o en la necesidad de mantener acceso con el gobierno de Maduro, lo que es importante, “pero eso nunca puede ser una excusa para no tener un diagnóstico claro de qué es lo que pasa” en Venezuela, donde la inhabilitación de Machado “es ilegal” y la detención de San Miguel “es arbitraria”.

Dice que Maduro sólo hará concesiones en la medida en que exista una firme y consistente postura internacional a favor del respeto a la legalidad y a la oposición en Venezuela y a favor de una negociación política en ese país en la que quede claro qué tipo de beneficios van a obtener quienes están en el poder si abren la puerta a una transición democrática.

Una voz fuerte en la región es Brasil y su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo asesor de asuntos exteriores, el experimentado diplomático Celso Amorim, dijo el miércoles sobre el encarcelamiento de San Miguel que “cualquier detención de carácter político es preocupante” y sostuvo que un aumento de la represión puede afectar el proceso electoral de este año.

La internacionalista y experta en seguridad María Paz Gómez Ángel señala que ante la ausencia de pruebas contra San Miguel y ante “las absurdas e increíbles acusaciones en su contra de un régimen con antecedentes de construir cargos contra sus opositores”, la izquierda latinoamericana democrática debería jugar un papel más constructivo frente a Maduro.

El problema, dice, es que los gobiernos progresistas de la región “están divididos y les cuesta trabajo asumir que en Venezuela, como en la Nicaragua de (Daniel) Ortega, lo que hay son dictaduras que ahogan toda oposición”.

Agrega que por ello “lo que prevalece es el silencio frente a la persecución de críticos y opositores y titubeos que difícilmente se van a traducir en un rol activo de gobiernos como los de México y Brasil para impulsar un proceso electoral equitativo” en Venezuela.

Gómez Ángel sostiene que es muy probable que San Miguel sea usada por Maduro como “una ficha de cambio” en una negociación política con la oposición y con Washington, que desde la inhabilitación de María Corina Machado, el mes pasado, comenzó a dar marcha atrás en las medidas de flexibilización de las sanciones económicas contra Venezuela.

Varios expresidentes iberoamericanos de derecha agrupados en la iniciativa “Idea” divulgaron el martes una carta en la que condenan la detención de San Miguel y afirman que ese hecho y la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado constituyen “desviaciones de la conducta humana y política que rememoran las experiencias totalitarias que llenaran de vergüenza a la humanidad a mediados del siglo XX”.

Entre los firmantes de la misiva están los expresidentes de Colombia, Iván Duque, señalado por ONG de varios países como responsable político de la masacre de decenas de jóvenes en las protestas sociales de 2021; el mexicano Felipe Calderón, cuyo brazo derecho Genaro García Luna fue declarado culpable en una corte estadunidense de colaborar con el Cártel de Sinaloa, y el colombiano Álvaro Uribe, procesado penalmente por manipulación de testigos.

“Hay políticos que deberían mantenerse al margen de asuntos en los que están de por medio la defensa de principios como la legalidad y el respeto a los derechos humanos, porque la doble moral no ayuda en esos casos”, dice la internacionalista Gómez Ángel.

Con información de proceso.com.mx