Avalan expedir Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres

El Pleno de la Cámara de Diputado avaló expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tiene como objetivo fortalecer el enfoque integral en la materia, así como la consolidación de la coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Civil en los tres órdenes de gobiernos.

 El dictamen que se avaló en lo general con 242 votos a favor y 204 en contra, establece, entre otros aspectos, los fundamentos para la coordinación de acciones entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y, de ser el caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres.

 Asimismo, señala que los desastres derivados de las amenazas antrópicas no se cubrirán con recursos presupuestarios para la gestión de riesgos, por lo que su atención se sujetará a las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables en materia de responsabilidad civil.

 Al fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) explicó que la nueva ley fortalece la política de protección civil, a través de un marco normativo sólido que reconoce la necesidad de transitar de una atención reactiva hacia una atención y enfoque predominantemente preventivo en materia de protección civil.

 “Esta ley obliga a las entidades federativas a aplicar recursos cuando ocurra una emergencia o un desastre”, indicó el legislador, quien afirmó que el nuevo ordenamiento es claro, transparente y eficiente en el uso de los recursos, además de que responde a las necesidades inmediatas de la previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción en casos de emergencias o desastres.

 Al pronunciarse sobre el dictamen, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández (Morena) afirmó que el nuevo ordenamiento está regulando, en término transversal, al sistema nacional anticorrupción. Señaló que hace falta voluntad política para entender que lo único que se está haciendo con esta ley “es regular un sistema de corrupción que no se va a permitir más”.

 En contraste, la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN) refirió que esta ley, en esencia, “es un insulto a la memoria de aquellos que han perdido su vida debido a desastres naturales, así como sus patrimonios”, ya que resalta la indiferencia de aquellos en el poder, “que prefieren hacer promesas vacías en lugar de tomar medidas concretas para proteger a la ciudadanía”.

 El diputado Rogelio Peña Salinas (PRI) señaló que la extinción del Fondo de Desastres Naturales representó una medida precipitada y peligrosa que puso en riesgo la seguridad de la población mexicana. Denunció que, a pesar de haber realizado un parlamento abierto, las opiniones de la sociedad no se representaron en el dictamen. 

“La protección civil no es un asunto menor ni tampoco es solamente un asunto de atención de emergencias, es un asunto de vidas humanas”, afirmó la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), quien indicó que la nueva ley otorga relevancia a la gestión de riesgo de desastres y establece la obligación de las entidades federativas de prever recursos para la prevención y atención de la población en casos de emergencia. 

En tanto, el diputado Álvaro Jiménez Canale (MC) consideró que la iniciativa atenta contra el principio de subsidiaridad y de solidaridad, porque ata a los municipios a “rogarles a instancias estatales o federales apoyo económico”. Señaló que no se debe aceptar la idea de caridad gubernamental. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) señaló que la imposición de un dictamen pone en riesgo permanente las finanzas de los estados y los municipios, ya que compromete su planeación presupuestal. Denunció que dicho dictamen no es el analizado, estudiado y trabajado desde la Comisión de Protección Civil. 

Y es que el dictamen establece que el Comité Nacional de Emergencias será la instancia de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de amenazas que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, por lo que las entidades deberán contar con centros de estudio y capacitación en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres. 

Luego de presentar más de cien reservas, el dictamen se avaló en lo particular con 245 votos a favor y 205 en contra, en sus términos, por lo que se envió al Senado.