Gobernar bien, cuestión de derechos

Colaboración especial
Carmen Yazmín Hidalgo Posada, Directora del Órgano Interno de Control Municipal

Frente al escandaloso espectáculo de corrupción que ofrecen la mayoría de gobiernos en todo el mundo, especialmente en nuestra región de América Latina, las personas nos preguntamos cuál es la diferencia entre los gobiernos provenientes de una u otra ideología política. En nuestro país los casos son muchos e ilustran lo descompuesto que está cada vez más el sistema: Tren Maya, Segalmex, La Estafa Maestra, La Casa Blanca, La Estela de Luz, entre muchos que componen una larga en incansable lista.

Salir del intrincado camino de corrupción y ofrecer buenos gobiernos parece una tarea más que titánica. ¿Si el sistema está tan desgastado qué sentido tiene que se sigan creando mecanismos de participación y observación ciudadana? ¿Para qué seguir fortaleciendo los sistemas anticorrupción a lo largo del país? ¿Cuál es la utilidad de la transparencia y la rendición de cuentas? Etiquetas como “buen gobierno”, “humanismo político” o “combate a la corrupción” parecieran perder el sentido de tanto que se han dicho.

Pero este desasosiego es una trampa. Entremezcladas, con las genuinas dudas y preocupaciones ciudadanas que profesamos todos quienes amamos a este país, están intenciones oscuras de que perdamos la esperanza en que un México mejor es posible y debilitar con ello los esfuerzos que se han hecho por décadas de ofrecer a los mexicanos gobiernos honestos y que trabajen para las personas. Los gobiernos sí pueden hacerlo mejor. En México sí contamos con ejemplos de buenos gobiernos que respetan la dignidad humana.

Vale la pena seguir fortaleciendo las instituciones y exigirles, en esa misma medida, trabajo y resultados a nuestras autoridades. Lo que se juega en ello, va más allá de visiones políticas. Están en la cancha las condiciones de vida y de desarrollo de todas las personas gobernadas. No en vano, el buen gobierno se ha reconocido como un Derecho Humano. 

Los buenos gobiernos, además de ofrecer resultados tangibles, gobiernan con la conciencia de que su actuación puede repercutir positiva o negativamente en la vida de las personas. Los buenos gobiernos respetan las instituciones, las fortalecen y corrigen para que cumplan con la vocación que les ha dado vida y así el Estado funcione correctamente.

Un acto de corrupción debilita al Estado, sí. Un acto de corrupción mina la credibilidad social en las autoridades e instituciones públicas. Pero más allá de ello, un acto de corrupción socava derechos y libertades. El sistema político mexicano, se basa en el Estado Social de Derecho, el cual es un modelo del siglo XX que reconoce la obligación del Estado de proveer en sus necesidades a las personas para que estas se realicen en todos los ámbitos. Entendamos proveer ampliamente, desde brindar servicios públicos de calidad -como alumbrado y recolección de basura eficientes-, hasta generar mejores condiciones económicas, de seguridad, salud, educación, entre muchas otras.

En ese sentido, la administración pública es la vía para que el Estado pueda proveer de todas estas condiciones. Cuando un gobierno no ofrece los resultados óptimos esperados en su actuar, no solo deposita una piedra más a la pesada carga que cada día hace que los mexicanos confíen menos en sus gobiernos, sino que cierra oportunidades de desarrollo integral a los mexicanos. Un gobierno que no es transparente, honesto, eficaz y eficiente irrespeta los Derechos Humanos.

Esta es la razón por la que el correcto actuar y funcionamiento de la administración pública se considera un bien jurídico tutelado, que justifica el que penalmente se persigan los delitos de corrupción y que el Estado tenga sistemas como el de transparencia o el de anticorrupción y que luche todos los días para que las instancias públicas no se corrompan. 

La buena administración es un Derecho Humano llave y a través del reconocimiento, cuidado y ejercicio de este derecho, todos podemos ejercer muchos otros y desarrollarnos en libertad.

Combatir la corrupción, ser transparentes, ofrecer trabajo y resultados, son cuestiones que van más allá de eslóganes y discursos políticos. Son elementos que distinguen a los buenos gobiernos y están a la vista de todas y todos. La transparencia no se finge, el combate a la corrupción no se simula, cuando estas son características esenciales de un gobierno, los buenos resultados se multiplican. Gobernar bien es una cuestión de derechos.

Lic. Carmen Yazmín Hidalgo Posada

Directora del Órgano Interno de Control Municipal 

Tips al momento

El SAT con "mano dura" en 2025

Habrá que tener cuidado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque habrá impuestos y multas que sí se incrementarán en 2025, según dice a través de las redes sociales, por un ajuste que hará este organismo y que tiene un impacto en algunos de los conceptos como son el Impuesto Sobre la Renta (ISR); al Valor Agregado, el IVA; así como al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); el predial, la tenencia vehicular en los lugares en los que se paga actualmente.

Además de los aumentos que resentirán propietarios de inmuebles y quienes compren una unidad automotriz nueva, pues habrá un incremento en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el ISAN.

Y no solo eso, también costarán más las multas por incumplimiento fiscal, es decir por no pagar  los impuestos o no presentar declaraciones en tiempo; así como se tendrán incrementos en el pago de las derivadas pot infracciones de tránsito, debido al aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y desde luego por, evasión fiscal.

Las sanciones van en general para todos los contribuyentes sean personas físicas o morales, además su monto se elevará porque la UMA tendrá un valor más alto.

Así que, se dice en el 2025 el Servicio de Administración Tributaria será más vigilante y con mayor mano dura ante los incumplimientos, porque se han endurecido las medidas contra la evasión fiscal y el incumplimiento de las contribuciones, con multas de mayor monto, debido al ajuste en la UMA.

Entre las sanciones más duras, se dice, podría llegarse hasta la congelación de cuentas bancarias, suspensión de actividades fiscales e incluso,  en casos graves  de evasión fiscal,  puede significar la responsabilidad penal.

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