Reforma al poder judicial pone en riesgo la despenalización del aborto en México, alertan

Con el fin de que se despenalice el aborto en todo el país, organizaciones sociales han presentado juicios de amparo en los 19 estados en los que aún no se ha legalizado la interrupción del embarazo (ILE); sin embargo, señalan que el avance de estos procesos podría verse en riesgo en caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Melissa Ayala, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó que de aprobarse que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por medio de votos, esto podría generar sesgos en la resolución de casos en estados conservadores.

“Nos preocupa mucho, porque la iniciativa de reforma al Poder Judicial señala que se van a escoger por voto a juezas, jueces, magistrados y ministros, pero ¿qué ocurrirá si estos van a deberse a su electorado?, ¿presentarán propuestas que van a apelar a la comunidad donde viven porque va a ser la única forma de ganar votos? En estados profundamente conservadores, con bastiones antiderechos, no sabemos”, señaló.

De acuerdo con la abogada, en caso de que se apruebe la reforma en estos términos, “podrían escogerse a personas juzgadoras que no sólo estén en contra del aborto, sino también de los derechos de la comunidad LGBT y de otros grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad”.

También alertó que la resolución de los juicios de amparo que se encuentran en curso podrían verse afectados por el hecho de que se cambie a los funcionarios públicos responsables de cada caso, “porque todos tienen un tiempo de estudio largo, y con los cambios administrativos tendremos a nuevas personas juzgadoras que tendrán que iniciar de cero con el conocimiento de los asuntos, lo que plantea un gran reto”.

Por ello, apuntó que “hay que ser cuidadosos con las reformas que se realizan, e intentar no tirar los avances que han protegido a los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, porque tenemos ejemplos como el de Estados Unidos, donde se pensaba que el aborto nunca se iba a caer, y hace dos años y medio ocurrió”.

Trece estados despenalizan aborto, pero acceso aún es limitado

Este lunes, Puebla se convirtió en el estado 13 en aprobar la ILE por voluntad de la mujer o persona gestante, causal que se encuentra reconocida en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes.

Enrique Arcipreste, abogado de GIRE, comentó que la organización ha documentado que aún existen barreras estructurales para el acceso al aborto, incluso en aquellos estados donde se encuentra despenalizado, ya que las unidades médicas establecidas para practicar interrupciones de embarazos se encuentran saturadas, el personal médico en ocasiones se niega a brindar el servicio y continúa la criminalización.

“La Ciudad de México lleva más años desde la despenalización, en 2007, pero las clínicas ILE están sobresaturadas y aún con el reconocimiento de este derecho es una de las entidades con más carpetas de investigación abiertas por aborto; en otros estados, vemos que existe desabasto de medicamentos para practicar abortos farmacológicos, así como falta de capacitación del personal de salud”, indicó Arcipreste.

El abogado recordó que en los 32 estados del país las mujeres y personas gestantes pueden acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este sea producto de una violación.

Otras causales que se encuentran reconocidas en algunos estados son que el aborto sea imprudencial o culposo (29), que exista peligro de muerte (25), alteraciones graves en el producto (18), salud (20), inseminación artificial no consentida (17), causas económicas (2), negación de la autoridad (3), omisión de información (1) y trastorno ginecológico (1).

“Lo que sigue es garantizar el acceso”

Pese a los retos que implicará continuar con la lucha para la despenalización del aborto en todo el país, Melissa Ayala celebró los logros que ha tenido el país en los últimos años, desde la aprobación de la ILE en la Ciudad de México en 2007, hasta la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y los cambios legislativos a favor de las mujeres que se han dado a partir de entonces.

“Muchas organizaciones de la sociedad civil han estado detrás de este impulso, y con las demandas que tenemos en los estados donde aún se criminaliza el aborto creemos que pronto tendremos un mapa de México pintado todo de verde es algo que eventualmente va a pasar”.

“Estamos en un momento muy distinto en comparación con hace 10 años. Ahora lo que sigue es garantizar el acceso, y en ese sentido desde GIRE seguiremos rastreando las principales barreras que persisten para trabajar en ellas, junto con nuestras aliadas en distintos estados”, agregó la abogada.

Con información de Animal Político.

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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo  de ganado más grande de Tabasco.

En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.

El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.

El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.

La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.

El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.

 La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.

Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).

El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.

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