Piden al Congreso derogar el delito por interrupción de embarazo a nivel federal
El año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó la interrupción del embarazo (aborto) en México, pero debido a las barreras legales y sociales que persisten e impiden el acceso a este servicio para todas las mujeres y personas gestantes, ahora varios especialistas pidieron al Congreso a derogarlo como delito a nivel federal.
Uno de estos especialistas es Melissa Ayala, vocera del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), a cargo del amparo que resultó en la sentencia en 2023, explicó que la SCJN “señaló que era inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal Federal”.
“Se violaban los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad para gestar, al no permitirse que existiera un período en el cual las mujeres y las personas gestantes pudieran abortar sin ser criminalizadas”, expuso.
Por ello, agregó, se le ordenó al Congreso Federal la derogación del delito de aborto en cuanto se le notificara y tenía hasta el periodo ordinario para hacerlo, lo cual no ocurrió en la Legislatura que el 1 de septiembre pasado fue renovada.
Ayala confió en que en este periodo de sesiones del nuevo Congreso se derogue este delito, pues “si algo se ha dicho es que estamos ante un un legislativo feminista”, no obstante, dijo, hay que "seguir muy de cerca" que efectivamente lo cumplan.
Sin embargo, la abogada que junto con Gire ha emprendido una estrategia de litigios para eliminar el delito de aborto en los Congresos locales, comentó que la reforma judicial que impulsa el Gobierno para elegir por voto popular a jueces y ministros, podría detener los litigios pendientes y resultar en un retroceso mayor.
Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (en Sinaloa la semana 13), en sintonía con la sentencia de la Corte.
Además de la Ciudad de México, que lo despenalizó en 2007, recientemente se han unido Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Zacatecas y Aguascalientes.
No obstante, el Congreso de Aguascalientes redujo a inicios de septiembre el plazo a 6 semanas, lo cual Ayala confío que sea vetado por el Gobierno del estado.
Aborto en hospitales públicos
La experta agregó que el dictamen del 6 de septiembre de 2023 también estableció que “todas las instituciones de salud federales tendrían que prestar el servicio”, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo cual ha sido reiterado varias veces por la Corte en el último año.
Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) documentó que hasta junio de 2024, las instituciones de salud federales no ofrecían abortos en el Estado de México, el más poblado del país y otras entidades donde está prohibido en el Código Penal estatal, salvo excepciones; por lo que la ONG hizo un llamado al Gobierno a atender la sentencia de la Corte.
La organización recordó que “el aborto se encuentra criminalizado en todos los códigos penales (1 federal y 32 estatales), pero en cada estado existen ciertas causales en donde no se penaliza”, como en casos de violación, donde la interrupción del embarazo debe estar garantizada sin importar las semanas de embarazo.
La vocera de Gire se unió al llamado de HRW y advirtió que incluso en la Ciudad de México han acompañado casos de mujeres a quienes se les niega el servicio después de la semana 12, por lo que urgió a eliminar también los plazos que obstaculizan el acceso quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, lo cual la Corte también ha declarado inconstitucional.
“Cualquier tipo de regulación sobre cómo se debe prestar el servicio, más bien tendría que estar en la regulación sanitaria y no en la penal”, alertó Ayala.
Tomado de Informador.mx
Con información de EFE
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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