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Gobierno de Sheinbaum refinancia 2 mil 373 millones de dólares para mejorar el perfil de deuda

EFE.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó anoche que llevó a cabo una operación de refinanciamiento por un total de 47 mil 487 millones de pesos en la primera operación de este tipo bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se inició el pasado 1 de octubre.

De la cifra total, 20 mil 377 millones de pesos corresponden a vencimientos de 2025 y 27 mil 110 millones de pesos a vencimientos de 2026.

En un comunicado, la dependencia indicó que esta transacción cumplió tres objetivos: mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública denominada en pesos, incrementar el plazo promedio del portafolio y eficientar la liquidez para los años 2025 y 2026.

Además, dijo, se mejoraron las condiciones de operación de los instrumentos en el mercado secundario, se recompraron Bonos M y Udibonos con vencimientos de 2025-2026 y se colocaron Bonos M con vencimientos entre 2027 y 2036.

"Esta operación forma parte de la política activa de manejo de pasivos del gobierno federal establecida en el Plan Anual de Financiamiento del año en curso" y se llevó a cabo "sin incurrir en endeudamiento adicional y cumpliendo con todos los lineamientos de deuda aprobados por el Congreso mexicano para el ejercicio fiscal 2024", citó la dependencia.

"Las condiciones alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos macroeconómicos del país, lo que da continuidad y certidumbre en la estrategia de manejo de deuda", cerró la SHCP.

Con información de Latinus

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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