Reforma al Poder Judicial: ¿Cuántos votos necesita la Suprema Corte para invalidarla?
Después de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso en diferentes ocasiones la discusión sobre los votos necesarios para invalidar una ley, el debate por fin los alcanzó con el proyecto sobre la reforma al Poder Judicial.
¿Por qué ocurrió esto? La reforma judicial, aprobada por Morena y aliados en el Congreso y por al menos 17 congresos estatales, establece que el número de ministros del Pleno de la Corte debe pasar de 11 a 9.
Con esa nueva composición, el Pleno de la Corte puede declarar constitucional o inconstitucional una reforma con solo seis votos.
Sin embargo, hasta este martes 5 de noviembre, la Suprema Corte sigue funcionando con 11 ministros en el Pleno, por lo que en teoría la mayoría calificada que necesitan sería de ocho.
El problema es la reforma al Poder Judicial no incluyó un transitorio que aclare cómo va a funcionar la votación del Pleno ahora. Por este motivo, los ministros deberán decidir cuál será el número final.
Hasta el momento, la ministra presidenta Norma Piña ya adelantó que votará porque la mayoría calificada se alcance con seis votos.
¿Qué han dicho los ministros en la sesión de la Suprema Corte HOY?
Más temprano, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia concluyó que los partidos políticos sí están legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad relativas a los sistemas electorales de los pueblos y comunidades indígenas, esto es, sistemas electorales en los que no necesariamente participan los partidos políticos.
Cabe destacar que el proyecto del ministro Luis González Alcántara Carrancá que propone anular partes de la reforma al Poder Judicial ‘nació' de quejas interpuestas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, partidos de oposición.
¿Por qué la reforma al Poder Judicial puede afectar a la economía de México?
La reforma al Poder Judicial ha sido criticada por especialistas y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que las modificaciones pondrían en riesgo la independencia judicial y representaría un golpe al sistema de contrapesos del Ejecutivo en México.
Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines a Morena y con poca experiencia, y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.
Pero Andrés Manuel López Obrador y la ahora presidenta Claudia Sheinbaum han defendido la reforma asegurando que ayudará a limpiar de corrupción el poder judicial y consolidará una “auténtica democracia” en México al permitir que el pueblo elija a sus servidores públicos.
Con información de El Financiero
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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