WASHINGTON (AP) — El presidente estadunidense Joe Biden recibirá al presidente electo Donald Trump para sostener la tradicional reunión postelectoral el miércoles en la Oficina Oval, informó el sábado la Casa Blanca.
Tal reunión es tradicional entre el mandatario saliente y el entrante y está dirigida a marcar el inicio de una transición pacífica del poder en virtud de la democracia estadounidense.
Sin embargo, el entonces presidente Trump, quien es republicano, no recibió a Biden, quien es demócrata, para la reunión de este tipo tras perder las elecciones en 2020.
Trump buscó la presidencia cuatro años después, y esta semana derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata. Es el primer expresidente en regresar al poder desde que Grover Cleveland recuperó la Casa Blanca en la elección de 1892.
La Casa Blanca dijo que Biden llamó por teléfono a Trump el miércoles pasado para felicitarlo e invitarlo a reunirse con él en la Oficina Oval. Su reunión está prevista para las 11 de la mañana.
En un discurso el jueves, Biden dijo que había asegurado a Trump que "instruiré a todo mi gobierno para que trabaje con su equipo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que el pueblo estadounidense merece”.
Cuando le preguntaron sobre Trump mientras salía de una iglesia el sábado en Rehoboth Beach, Delaware, donde pasaba el fin de semana, Biden respondió: “Lo veré el miércoles”.
Con información de Proceso.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.