El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, advirtió que si el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, decide imponer un arancel de 25 % a los productos mexicanos, su país responderá con una medida idéntica, lo que resultará altamente perjudicial para la economía estadounidense.
"Si tú me aplicas a mí el 25 % de aranceles, entonces yo tengo que reaccionar con aranceles y soy tu principal importador, junto con Canadá. Entonces, si tú pones aranceles, […] nosotros vamos a tener que imponer aranceles. ¿Y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana", sostuvo el alto funcionario, en una entrevista concedida el lunes a una radio local.
Aseguró asimismo que si bien el magnate republicano podía "pensar y poner sobre la mesa" esa decisión, sus "principales promotores" no lo respaldarían, dado el alto impacto económico de la medida. "Estructuralmente tenemos condiciones para ir a favor de México", completó.
Al detallar las consecuencias concretas de la imposición de tasas sobre las mercancías mexicanas, mencionó que ello se traducirá en un alza inmediata de los precios.
"Ese 25 % se te traduce al día siguiente –no estoy hablando a mediano plazo– en un aumento de precios en EE.UU.", explicó, por lo que puede considerarse como "una limitante importante" que no puede omitirse, pese a que la economía mexicana es "20 veces más pequeña" que la estadounidense.
Ebrard llamó a recordar que no es la primera vez que Trump amenaza con gravar los productos mexicanos, si no se toman medidas para frenar los flujos migratorios. De hecho, el republicano ya intentó, sin éxito, que México suscribiera un tratado de "tercer país seguro", lo que implicaba que todos los migrantes que arribaran a suelo estadounidense sin cumplir con los requisitos legales serían devueltos al país vecino, lo que fue rechazado por todas las instancias de la Administración del entonces mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
"Nosotros tomamos medidas, regulamos ese flujo o ayudamos a regular ese flujo, pero no aceptamos ese tratado", relató.
Con información de actualidad.rt.com
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.