En juicio abreviado le dictan más de 31 años de cárcel por violación
Derivado de las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, en contra del acusado Juan Bernardo T. L., por el delito de violación y abuso sexual, ambas con penalidad agravada, el imputado aceptó su responsabilidad penal en un procedimiento especial abreviado en el que fue sentenciado a 31 años y cuatro meses de cárcel.
Este resultado judicial se obtuvo gracias al material probatorio presentado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, quien estableció que, entre los meses de agosto y septiembre del año 2016, marzo y mayo del año 2020 y febrero y octubre del año 2021, consumó actos de carácter sexual en agravio de dos menores de 14 años de edad, en un domicilio del fraccionamiento Praderas del Sol, en Ciudad Juárez.
El ahora sentenciado fue detenido mediante una orden de aprehensión el 16 de agosto del año 2023 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Juan Bernardo T. L., decidió terminar de manera anticipada con el proceso, aceptando su culpabilidad ente el órgano jurisdiccional correspondiente, quien le impuso la pena privativa de la libertad que cumplirá internado en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, además deberá de hacer un pago de 133 mil 200 pesos, por concepto a la reparación del daño.
La sentencia impuesta al agresor, demuestra el cumplimiento del compromiso para mantener el orden y el respeto a los representantes de la ley, necesario para que prevalezca el estado de derecho.
Tips al momento
Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
