CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La medallista olímpica Gabriela Agúndez venció a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) al obtener la sentencia definitiva en un juicio de amparo para poder recuperar la beca que Ana Guevara le quitó en febrero de 2023.
El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, concedió la suspensión definitiva que obliga a la Conade a regresarle su beca de manera retroactiva, lo que equivale a 375 mil pesos.
Desde que Guevara le retiró la beca la clavadista tuvo que pagar con dinero de su bolsillo las competencias del ciclo olímpico en las que participó. De acuerdo con la resolución, la Conade tiene un máximo de 10 días para pagar todo lo que le debe a Agúndez, de no ser así la dependencia será acreedora a una multa equivalente a 100 días de la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA).
“En ese sentido requiérase al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que en el plazo de 10 días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo”, se lee en la resolución.
A la fecha existen cuatro sentencias que ya están en ejecución: la del clavadista retirado y ahora director del Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), Jahir Ocampo, le corresponde un millón de pesos; a la selección de natación artística, 6 millones 950 mil pesos y al clavadista Randal Willars 630 mil pesos.
En total, la Conade deberá pagar al menos 14.2 millones de pesos a un grupo de deportistas de las disciplinas acuáticas y de racquetbol cuyas becas y recursos federales para su preparación fueron interrumpidas por la exdirectora Ana Guevara.
Con información de Proceso.
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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo
Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.
La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado
A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
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