CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dejando de lado las divisiones entre sus integrantes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó este jueves, por casi unanimidad –con 10 votos a favor y uno en contra–, a la abogada Claudia Arlett Espino como titular de la Secretaría Ejecutiva del organismo autónomo a partir del próximo 1º de diciembre y durante los siguientes seis años.
Durante la votación que confirmó su nombramiento, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, advirtió a la expresidenta temporal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que deberá “tomar el tren ya encaminado” de la organización del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que implicará “sortear dificultades técnicas, jurídicas y operativas con toda la estructura del instituto”.
La titularidad de la Secretaría Ejecutiva, cargo estratégico para la operación administrativa y jurídica del INE, se convirtió en un tema espinoso después de la llegada de Taddei en la presidencia del instituto, en marzo de 2023. La mujer, cercana a Morena, propuso a dos personas para ocupar el cargo, pero no alcanzó los ocho votos del Consejo General para concretar el nombramiento, lo que generó tensiones en el instituto.
En enero de este año, Taddei consiguió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –encabezado por una mayoría de magistrados cercana a Morena– le permitiera nombrar a Claudia Suárez Ojeda como “encargada de despacho” de la Secretaría Ejecutiva, sin pasar por el Consejo General.
La decisión generó molestias al interior del INE, especialmente en el bloque de consejeros que había rechazado las propuestas de Taddei, y que no fue consultado para el nombramiento de Suárez.
La división se agravó en octubre pasado, cuando la bancada de Morena en el Senado votó, de manera subrepticia, unas modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgan a Taddei nuevos poderes en detrimento del Consejo General del INE, incluyendo el de designar directamente a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del INE, sin pasar por la votación de la mayoría de consejeros.
Estas medidas no aplican para la Secretaría Ejecutiva del INE, cuyo titular sigue siendo propuesto por la presidencia del INE, y aprobado por el Consejo General.
Disidentes
En respuesta, un grupo de seis consejeros “disidentes” –es decir, que no forman parte del grupo de Taddei—expresaron su rechazo contra las modificaciones a la ley, pues advirtieron que representan un “retroceso en el diseño institucional del INE en detrimento de la colegialidad, la pluralidad y la calidad del funcionamiento de la autoridad electoral”, generan una “invasión de competencias del Consejo General” y propician una extralimitación de “las atribuciones de la Junta General Ejecutiva y se contraponen a las de otros órganos del INE”.
El 30 de octubre, los seis consejeros, Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez, Martín Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez, votaron un acuerdo para obligar el INE a presentar una controversia constitucional contra las modificaciones a las leyes, lo que provocó la molestia de Taddei, quien calificó la iniciativa de sus colegas como un “precedente muy negativo para la institución” y los acusó de invadir su esfera de responsabilidad.
Pasado el agravio, Taddei fue notificada que Claudia Suárez dejaría su cargo como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE a principios de diciembre; esta vez, la consejera presidenta dialogó y cabildeó con los demás consejeros para crear un consenso en torno a Claudia Arlett Espino. Esta estrategia dio frutos: todos los consejeros, excepto Carla Humphrey, aprobaron el nombramiento.
El consejero Martín Faz Mora incluso celebró que, con esta designación producto de una discusión, el Consejo General está “materializando de forma más idóneamente posible, el principio de colegialidad de este instituto”. Y recalcó, en una referencia apenas velada a los choques de las semanas pasadas: “su llegada y permanencia no depende de una sola persona, sino de la mayoría del colegiado”; una manera de señalar que el consenso no se trata de un cheque en blanco a Taddei.
De hecho, después de la sesión del Consejo General, la presidenta expresó su satisfacción respecto al nombramiento de Espino, logrado con el apoyo de prácticamente todos los consejeros, y adelantó que en las próximas semanas se abordarán los temas sensibles de las direcciones ejecutivas. “Ya tenemos Secretaría Ejecutiva, y a partir de ahí nos sentamos con ánimos renovados, entendería yo”, planteó.
Con información de proceso.com.mx
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El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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