Gobierno y fiscalía de Jalisco piden disculpa por desapariciones de 2010; familias reclaman revictimización en la ceremonia

La fiscalía estatal y el gobierno de Jalisco ofrecieron una disculpa pública por la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez, que ocurrió el 30 de septiembre de 2010 tras salir de su domicilio en Ahualulco de Mercado, Jalisco; sin embargo, sus familias reclamaron a las autoridades haberles puesto, día tras día, piedras en el camino para poder lograr un evento digno.

El acto se dio en cumplimiento a la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se acreditaron diversas violaciones a derechos humanos por parte de la fiscalía estatal, pero María Natividad Guerrero, madre de Dalia Guadalupe, criticó la ruptura de los acuerdos rumbo al evento, y enfatizó que ninguna medida será suficiente para reparar el daño que vivió su familia. 

Entre los tropiezos, explicó, el evento cambió de fecha en tres ocasiones, el lugar propuesto inicialmente por la fiscalía tuvo que ser replanteado por inadecuado, hubo muchas dificultades para lograr que fuera el fiscal quien diera las disculpas, el evento sería difundido públicamente por las dependencias y al final no lo hicieron, y fue el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) el que tomó esa iniciativa.

“Mis peticiones fueron mínimas, y hasta el último día se rompieron los acuerdos”, remarcó María Natividad. Añadió que el evento debía haber tenido la finalidad de dignificar y marcar un antes y un después en el trato a las víctimas directas e indirectas de desaparición, pero en lugar de eso, pareció un mero trámite solo por cumplir.

“Estoy frente a ustedes haciendo una exigencia por verdad, justicia y dignidad. Damos un paso hacia la justicia por la desaparición de mi hija Dalia Guadalupe Cruz Guerrero. Hoy se deberían reconocer por parte de la fiscalía, por primera vez en Jalisco, las graves omisiones en la búsqueda e investigación que debieron ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia, Luis y a las otras dos personas, así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra contra”, dijo.

Lo que sería un evento digno, preparado durante meses, llenó a Natividad de profunda tristeza –según expresó ahí mismo– por la forma en que se dio el proceso y lo que implicó su realización para las familias, pues en lugar de ser escuchadas, fueron ignoradas y desgastadas, sin respetar los acuerdos a los que habían llegado y dejando de lado sus necesidades. 

Natividad señaló que la fiscalía no quiso escucharla y si bien hasta el miércoles ella había sostenido un discurso distinto para reconocer un esfuerzo sin precedentes, no le quedaba más que decir la verdad y compartir su sentir como víctima: “Este proceso me ha recordado la forma tan revictimizante con la que me trataron los servidores públicos de la fiscalía de Jalisco en las ocasiones en las que acudía”, describió.

“No les fue suficiente tratarme de forma grosera, revictimizante y violenta, sino que también fueron omisos en hacer su trabajo; esta situación evitó que conociera información que era muy importante en los primeros días de la desaparición de mis familiares, y es muy probable que por la omisión de actuar y la falta de informarme mis familiares no se encuentren hoy conmigo”, añadió.

Lo peor, subrayó, es que el momento también la llevó a darse cuenta de que la fiscalía mantiene sus prácticas de maltrato hacia las familias de personas desaparecidas. Cuestionó cómo es posible que tuvieran que pasar por tanto dolor para que las autoridades buscaran a sus seres queridos, y cómo es posible que no tengan la voluntad de escucharles y realizar un evento digno. Preguntó también qué hace falta para que las instituciones reconozcan sus malas prácticas. 

Una demanda de amparo en el caso de Dalia y Luis Ramón se presentó a raíz de las omisiones que las fiscalías estatal y federal han cometido desde 2011 y 2013, respectivamente. El 3 de enero de 2011, Natividad presentó una denuncia en la procuraduría de Jalisco. Más tarde, ante la falta de información y avances, se acercó a la PGR, que desde junio de 2013 integró una averiguación previa.

De acuerdo con el Cepad, desde entonces las investigaciones local y federal se han caracterizado por falta de diligencias clave y acciones de búsqueda inmediata, además de malos tratos y revictimización.

“En cumplimiento a la recomendación 167/2023, el gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces procuraduría general de justicia del estado por violar los derechos y acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, dijo en un discurso corto en representación del gobernador del estado, Pablo Lemus, su secretario general de gobierno Salvador Zamora Zamora, sin referirse a lo expresado antes por Natividad. 

Añadió que el gobierno asumiría las deudas que aún perseveran. En tanto, el fiscal del estado, Salvador Gonzalez de los Santos, reconoció la responsabilidad de la dependencia en los mismos términos de respuesta a la recomendación. “Seguiremos trabajando para que hechos tan lamentables no se repitan”, agregó.

Rosalina Michel Sedano Chavez, de 17 años, habló en nombre de ella y de su hermano, por la desaparición de su papá Bernardo Sedano Vilchis, que ocurrió junto con la de Dalia y Luis. Su ausencia ha estado presente en cada una de sus vidas, sostuvo, y ha significado crecer con una parte del corazón vacía y muchas preguntas sin respuesta.

“No ha sido fácil para ninguna de nosotras. En momentos importantes, siempre pienso en él, pero también su ausencia me ha hecho más fuerte y me ha llevado a no quedarme callada y exigir respuestas. Quiero que mi papá sepa, donde sea que esté, que lo seguimos esperando, que lo amamos y que no dejaremos de buscarlo. Merecemos verdad, justicia y memoria”, enfatizó.

Con información de: Animal político.