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Las matemáticas no tienen ideología y el pensamiento conservador tampoco

Colaboración especial
Jorge Luis Vargas Romero

Además son certeras, resuelven problemas, no se dedican a crear nuevos problemas, no hacen ni ilusiones ni soluciones mágicas, se apoyan en la lógica y la objetividad, son de uso universal, para resolver lo complejo no dividen a la sociedad, sino que buscan  soluciones integrales. 

Para la solución de las problemáticas sociales y las propuestas a seguir para construir el desarrollo integral, los conservadores no nos apoyamos en ideologías, recurrimos a los valores éticos y morales universales (aplicables para todos y en todo), usamos principios y directrices que buscan soluciones que privilegian la vida, la persona, la familia y el bien común, no el de ciertos grupos de poder a costa de sectores sociales incomodos. 

A diferencia de los partidos que por definición parten y confrontan a los electores, privilegiamos y priorizamos la búsqueda del bien común abarcando al todo, buscamos que se construyan políticas públicas de alcance para toda la sociedad, sin confrontar a los sectores que la forman. 

En vez de aplicar la regla de la competencia política, que es partir o dividir a la sociedad, para confrontar grupos sociales provocando dispersión y enemistad, incluso descalificando al adversario, nos esforzamos por construir la unidad en la identidad de pertenencia a una nación. 

Tratamos de cimentar nuestras propuestas, acciones y evaluaciones recurriendo a los valores reconocidos por todos en lo ético y lo moral, en el reconocimiento inapreciable de la persona, su superación personal y colectiva y el bien para todos.

El pensamiento conservador no teoriza, sino que parte de la observación y el análisis objetivo de los resultados que dan acciones en función de los beneficios y parte de lo que en la experiencia se ha probado que funciona para el bien de la sociedad, buscando extrapolar ese conocimiento obtenido del análisis crítico de los hechos, para diseñar proyectos y políticas públicas de mayor extensión y alcance en el tiempo, verificando que los recursos invertidos tengan retorno de la inversión y no sean destinados a fondo perdido, lo que representa una quimera utópica de la administración pública.

Jorge Luis Vargas Romero

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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