Profeco monitorea precio de tortilla

Ante los señalamientos recientemente realizados por el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), respecto al actuar de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en cuanto al monitoreo de precios del kilogramo de tortilla, la dependencia informa que este se lleva a cabo con el objetivo de cumplir con la responsabilidad institucional de brindar información a la población consumidora, a fin de orientarla sobre los establecimientos en donde les conviene adquirir este producto básico, en beneficio de la economía familiar.

Por lo que, indica, no realiza actividades de supervisión, evaluación o inspección a las tortillerías como lo plantea la CNT.

La Procuraduría señala que dicho monitoreo de precios obedece a la instrucción girada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en concordancia con las atribuciones conferidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero sobre todo por el mandato del pueblo de México.

La metodología con la que se lleva a cabo el monitoreo está basada en evidencia cuyo marco muestral se establece conforme al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en relación a la actividad económica 311830 –Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal-, del cual se realiza una selección de los establecimientos para la recolección de precios, atendiendo los criterios de mayor actividad económica, densidad de población y mejor ubicación geográfica, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Profeco, además de considerar que se trate de un local formal que tenga de uno a cinco trabajadores, con máquina para producir la tortilla así como con instrumentos de medición (báscula) y que venda el producto por kilo. 

Es importante precisar que la Profeco no controla precios, pero sí verifica que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas dispuestos por otras disposiciones y determinados por las autoridades competentes.

Por ello, pone a disposición de las y los consumidores la herramienta Quién es Quién en los Precios, con la que se busca empoderarlos para decidir dónde sí y dónde no comprar, en este caso, el kilo de tortilla.

Con información de La Guardia.

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FGE, el salvavidas de Geo Bujanda

Esta tarde trascendió un movimiento que, aunque discreto en la forma, dice mucho del fondo: el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, habría “rescatado” políticamente a la exdiputada local Geo Bujanda, quien desde hace meses se encontraba fuera del radar público tras su fallido intento por presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos…

Y es que vale la pena recordar que apenas el año pasado Bujanda se veía ya despachando como ombudsman chihuahuense, sin embargo, la realidad política fue otra, pues en dos rondas de votación, los doce diputados de Morena optaron por anular su voto, bloqueando de manera efectiva su llegada a la CEDH…

Desde entonces, la exlegisladora desapareció del reflector, no hubo posicionamientos, ni intentos de revancha pública, ni nuevos proyectos visibles solo se le veía en eventos políticos sentada entre la multitud y no entre los destacados, su nombre quedó asociado a un proceso que terminó en un rotundo fracaso político, del cual no todos logran levantarse y es ahí cuando se necesita de una mano amiga dispuesta…

Habrá que ver si este nuevo encargo le permite a Geo Bujanda recomponer su trayectoria o si, por el contrario, confirma que en política no basta con ser rescatado: también hay que saber nadar porque en Chihuahua, como bien se sabe, los rescates políticos siempre tienen factura…y alguien termina pagándola…


El “grupo Tabasco” en la mira por promociones anticipadas 

En 2024, Ricardo Monreal denunció que sus compañeros en la interna presidencial de Morena rebasaron por mucho los topes de gastos.

Se permitían 5 millones de pesos por aspirante, tan solo a Adán Augusto López, el INE le contabilizó 1,350 anuncios callejeros con un valor estimado de 15.5 millones de pesos.

Otro ejemplo vivo es el de la senadora Andrea Chávez quien en su adelantada carrera por Chihuahua, se estima una inversión de al menos 4 millones de pesos únicamente en pauta digital. A esto se suman giras constantes por el estado, las caravanas médicas, la entrega de electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.

Aunque la ley prohíbe explícitamente estos actos anticipados y el uso de recursos de dudosa procedencia, ni Morena, ni las autoridades electorales han intervenido.

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