Promueven considerar prioritarios y de interés público programas de seguridad social para madres jefas de familia

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de añadir los programas para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en favor de las madres jefas de familia que no cuentan con un esquema de seguridad social, como prioritarios y de interés público.

El documento, turnado a la Comisión de Bienestar, refiere que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país siete de cada diez mujeres de 15 años o más son madres, las cuales generalmente enfrentan peores condiciones laborales que las mujeres que no tienen hijos.

Detalla que las madres jefas de familia representan 33 por ciento de los hogares del país; de ellas, el 58 por ciento trabaja en la informalidad, por lo cual perciben menores ingresos y no tienen acceso a seguridad social o prestaciones laborales.

El Inegi precisa que la participación económica de las mujeres disminuye conforme aumenta el número de hijos, lo que visibiliza la barrera que enfrentan las madres trabajadoras, quienes además de trabajar, en promedio dedican 40 horas a la semana a tareas del hogar y de cuidados; es decir, aportan 3.4 veces más valor económico en tareas no remuneradas en comparación con los hombres quienes en promedio solo dedican 15.9 horas semanales a estas actividades.

Guerra Castillo expone que, de acuerdo con la encuesta del Instituto Mexicano de la Competitividad sobre crecimiento profesional con perspectiva de género, el 51 por ciento de las madres que tuvieron que hacer una pausa en su carrera profesional debido a la atención de tareas del hogar y cuidados, se les imposibilita el acceder a ofertas laborales que se adecúen a sus necesidades.

Aunado a lo anterior, comenta que, según el Instituto Nacional de las Mujeres, las problemáticas a las que se enfrentan las madres trabajadoras cada día son la falta de servicios y recursos para el cuidado infantil.

Ante este panorama, la legisladora considera que su iniciativa busca dar un paso más en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva, toda vez que el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en México podría aumentar en más del seis por ciento si se implementan políticas que aumenten la inclusión laboral de las mujeres, así como el cuidado infantil.

Resaltó que esta adecuación normativa va acorde con lo recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación, respecto al “Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género”, el cual fue aprobado por el Congreso de la Unión.


 

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Comparativo:

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Reina Celeste Asencio  con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación

Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno  de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.

Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.

La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.

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