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Responsabilidades de la Sala Superior del Tribunal Electoral para la elección de juzgadores

Por primera vez en nuestro país se celebrarán elecciones este año para elegir por voto popular a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a las personas magistradas de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de Circuito y personas juzgadoras de Distrito.

Para ello, la reforma estableció, entre otras consideraciones, que el Instituto Nacional Electoral (INE) será la instancia responsable de la organización, desarrollo y cómputo de los resultados de dicho proceso electivo. No obstante, ante una serie de imprecisiones en la normativa electoral aprobada por el Legislativo, deberá tomar una serie de acuerdos para establecer diversos criterios que permitan llevar a buen puerto este proceso electoral extraordinario.

Asimismo, la reforma determinó que la Sala Superior del Tribunal Electoral, que juega un papel crucial en la administración de la justicia en este ramo, fundamental para nuestro sistema democrático, será la responsable de atender, analizar y resolver todas las impugnaciones vinculadas con la renovación de todos los cargos correspondientes a las magistraturas a lo largo y ancho del país, con excepción de las que corresponden al ámbito local.

INE. Organizador. Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro.

El Tribunal Electoral tiene a su cargo, y así lo ha estado resolviendo en estos días a través de sus sesiones públicas, las impugnaciones que diversas personan han presentado por haber sido excluidas de la lista de aspirantes para participar como candidatas o candidatos a algún cargo como persona juzgadora.

El TEPJF le corresponderá resolver las controversias que eventualmente sean presentadas por las determinaciones adoptadas por el Consejo General del INE a través de los acuerdos que emita en torno a la organización de este proceso democrático.

El Tribunal Electoral será corresponsable, con otras instancias, de incentivar la participación ciudadana para que se involucre en este proceso inédito en nuestro país, para lo cual implementará campañas de información sobre la elección judicial y la importancia de que las y los mexicanos participen para elegir a las personas juzgadoras.

Al Tribunal Electoral le corresponderá en su oportunidad emitir un dictamen en donde evalúe si el proceso electoral se realizó de manera justa, conforme a las normas constitucionales y legales, de manera abierta y transparente y, con ello, en su caso, confirmar la validez de la elección y la elegibilidad de las y los candidatos que resulten electos.

Ahora bien, en virtud de que la reforma establece la desaparición de la Sala Especializada a más tardar el próximo primero de septiembre de este año, sus responsabilidades recaerían en la Sala Superior para realizar su trabajo, es decir, entre otras consideraciones, tendría que hacerse cargo del procedimiento especial sancionador, creado por el Legislativo justamente para tutelar la regularidad de los procesos electorales y vigilar que se cumplan los principios constitucionales en la materia.

Participación ciudadana. Foto: Miguel Dimayuga.

Una vez que concluya la elección judicial sería conveniente que el Legislativo analice, con la participación de múltiples expertos, la normativa de este proceso para perfeccionarlo en lo subsecuente e, incluso, incluir temáticas que son importantes considerar, como la creciente incidencia de la violencia y el crimen organizado, ya que estas problemáticas pueden incidir en la participación de la ciudadanía, afectando la legitimidad que todo proceso electoral necesita; la incorporación del voto electrónico (presencial a través de urna electrónica o remota vía internet), el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros.

Las responsabilidades del Tribunal Electoral son muchas y complejas. En tal virtud, establecerá la jurisprudencia que sea necesaria para lograr una elección apegada a Derecho y una vez más será la instancia garante para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Asimismo, las y los mexicanos deben estar tranquilos de que, una vez más, tanto el INE como este órgano jurisdiccional entregaremos buenas cuentas, de acuerdo con el profesionalismo y la certeza que se han brindado en los procesos electorales que se han registrado en las tres últimas décadas.

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*Magistrado Electoral del TEPJF

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Jugar contra la casa

En redes sociales, ha causado polémica el que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, haya designado a su esposo, José Luis Peña con el puesto asesor en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

La gobernadora y ex secretaria de Energía, quien ha sido denunciada por actos de corrupción, por la compra de residencias y señalada de presuntos desvíos en la construcción de la refinería de Dos Bocas que, por cierto, no pudo dejar operando e hizo quedar mal al expresidente López Obrador, nombró a su esposo en un puesto dentro de su administración.

Lo anterior, en la coyuntura de la reforma enviada a Legislativo, por la presidenta, Claudia Sheinbaum contra el nepotismo, según dicen, sin importarle el espíritu de esa iniciativa, lo que ha sido criticado, al comentarse que la mandataria de Veracruz, así como otros políticos que andan por la libre, siguen anclados en el poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contraviniendo la actual intención presidencial.

A ver, si como se dice, que las presiones de Estados Unidos y esa iniciativa anunciada, cambiarán las cosas, si es que lo hacen, según dicen.


¿Quién la impulsó?

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que de ser aprobada en el Senado la Ley de Cobranza Delegada, la vetaría al no estar de acuerdo en que las instituciones de crédito puedan descontar, directamente, los pagos de sus créditos de la nómina de los trabajadores.

El salario de los trabajadores es intocable, dijo, al señalar que de ser aprobada  utilizaría su facultad de veto, sobre los cambios a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Por increíble que parezca, esa iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados, para luego ser transferida al Senado en donde se pausó su discusión.

La iniciativa de origen morenista que fue propuesta por Pedro Miguel Haces Barba, entre otros ex senadores de ese partido en 2022, incluso , dicen, fue rechazada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, nuevamente se trató de aprobarla.

Al respecto, el ahora diputado por Morena, sindicalista y secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), salió mediante redes sociales a desmentir, que su iniciativa original fuera en ese sentido, es falso, dijo, al señalar que como dirigente nacional obrero y como legislador defenderá a los trabajadores mexicanos. Precisamente, por esto último son los cuestionamientos, le señalan.

El caso es que, si no fue él, pues ahora lo niega, entonces de quién fue la idea de revivir esta iniciativa que afectaría a los trabajadores. Así el entuerto dentro de Morena, pues ahora nadie es el responsable, mientras la propuesta estaba a punto de ser discutida en el Senado y no llegó sola hasta ahí. Cómo iría de fortalecida y apoyada para su aprobación, que tuvo que ser frenada de manera tajante por la propia presidenta Sheinbaum. La pregunta obligada es ¿quién la impulsó de nuevo y con cuál interés?, como dicen, Morena siendo Morena.

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Lo anterior, en la coyuntura de la reforma enviada a Legislativo, por la presidenta, Claudia Sheinbaum contra el nepotismo, según dicen, sin importarle el espíritu de esa iniciativa, lo que ha sido criticado, al comentarse que la mandataria de Veracruz, así como otros políticos que andan por la libre, siguen anclados en el poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contraviniendo la actual intención presidencial.

A ver, si como se dice, que las presiones de Estados Unidos y esa iniciativa anunciada, cambiarán las cosas, si es que lo hacen, según dicen.


¿Quién la impulsó?

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que de ser aprobada en el Senado la Ley de Cobranza Delegada, la vetaría al no estar de acuerdo en que las instituciones de crédito puedan descontar, directamente, los pagos de sus créditos de la nómina de los trabajadores.

El salario de los trabajadores es intocable, dijo, al señalar que de ser aprobada  utilizaría su facultad de veto, sobre los cambios a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Por increíble que parezca, esa iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados, para luego ser transferida al Senado en donde se pausó su discusión.

La iniciativa de origen morenista que fue propuesta por Pedro Miguel Haces Barba, entre otros ex senadores de ese partido en 2022, incluso , dicen, fue rechazada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, nuevamente se trató de aprobarla.

Al respecto, el ahora diputado por Morena, sindicalista y secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), salió mediante redes sociales a desmentir, que su iniciativa original fuera en ese sentido, es falso, dijo, al señalar que como dirigente nacional obrero y como legislador defenderá a los trabajadores mexicanos. Precisamente, por esto último son los cuestionamientos, le señalan.

El caso es que, si no fue él, pues ahora lo niega, entonces de quién fue la idea de revivir esta iniciativa que afectaría a los trabajadores. Así el entuerto dentro de Morena, pues ahora nadie es el responsable, mientras la propuesta estaba a punto de ser discutida en el Senado y no llegó sola hasta ahí. Cómo iría de fortalecida y apoyada para su aprobación, que tuvo que ser frenada de manera tajante por la propia presidenta Sheinbaum. La pregunta obligada es ¿quién la impulsó de nuevo y con cuál interés?, como dicen, Morena siendo Morena.

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