Responsabilidades de la Sala Superior del Tribunal Electoral para la elección de juzgadores

Por primera vez en nuestro país se celebrarán elecciones este año para elegir por voto popular a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a las personas magistradas de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de Circuito y personas juzgadoras de Distrito.

Para ello, la reforma estableció, entre otras consideraciones, que el Instituto Nacional Electoral (INE) será la instancia responsable de la organización, desarrollo y cómputo de los resultados de dicho proceso electivo. No obstante, ante una serie de imprecisiones en la normativa electoral aprobada por el Legislativo, deberá tomar una serie de acuerdos para establecer diversos criterios que permitan llevar a buen puerto este proceso electoral extraordinario.

Asimismo, la reforma determinó que la Sala Superior del Tribunal Electoral, que juega un papel crucial en la administración de la justicia en este ramo, fundamental para nuestro sistema democrático, será la responsable de atender, analizar y resolver todas las impugnaciones vinculadas con la renovación de todos los cargos correspondientes a las magistraturas a lo largo y ancho del país, con excepción de las que corresponden al ámbito local.

INE. Organizador. Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro.

El Tribunal Electoral tiene a su cargo, y así lo ha estado resolviendo en estos días a través de sus sesiones públicas, las impugnaciones que diversas personan han presentado por haber sido excluidas de la lista de aspirantes para participar como candidatas o candidatos a algún cargo como persona juzgadora.

El TEPJF le corresponderá resolver las controversias que eventualmente sean presentadas por las determinaciones adoptadas por el Consejo General del INE a través de los acuerdos que emita en torno a la organización de este proceso democrático.

El Tribunal Electoral será corresponsable, con otras instancias, de incentivar la participación ciudadana para que se involucre en este proceso inédito en nuestro país, para lo cual implementará campañas de información sobre la elección judicial y la importancia de que las y los mexicanos participen para elegir a las personas juzgadoras.

Al Tribunal Electoral le corresponderá en su oportunidad emitir un dictamen en donde evalúe si el proceso electoral se realizó de manera justa, conforme a las normas constitucionales y legales, de manera abierta y transparente y, con ello, en su caso, confirmar la validez de la elección y la elegibilidad de las y los candidatos que resulten electos.

Ahora bien, en virtud de que la reforma establece la desaparición de la Sala Especializada a más tardar el próximo primero de septiembre de este año, sus responsabilidades recaerían en la Sala Superior para realizar su trabajo, es decir, entre otras consideraciones, tendría que hacerse cargo del procedimiento especial sancionador, creado por el Legislativo justamente para tutelar la regularidad de los procesos electorales y vigilar que se cumplan los principios constitucionales en la materia.

Participación ciudadana. Foto: Miguel Dimayuga.

Una vez que concluya la elección judicial sería conveniente que el Legislativo analice, con la participación de múltiples expertos, la normativa de este proceso para perfeccionarlo en lo subsecuente e, incluso, incluir temáticas que son importantes considerar, como la creciente incidencia de la violencia y el crimen organizado, ya que estas problemáticas pueden incidir en la participación de la ciudadanía, afectando la legitimidad que todo proceso electoral necesita; la incorporación del voto electrónico (presencial a través de urna electrónica o remota vía internet), el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros.

Las responsabilidades del Tribunal Electoral son muchas y complejas. En tal virtud, establecerá la jurisprudencia que sea necesaria para lograr una elección apegada a Derecho y una vez más será la instancia garante para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Asimismo, las y los mexicanos deben estar tranquilos de que, una vez más, tanto el INE como este órgano jurisdiccional entregaremos buenas cuentas, de acuerdo con el profesionalismo y la certeza que se han brindado en los procesos electorales que se han registrado en las tres últimas décadas.

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*Magistrado Electoral del TEPJF

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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