
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Villegas Montes, en entrevista con Omnia - La Conversación, al referirse a qué va a pasar con las personas juzgadoras que se retiran por la reforma judicial, señaló, que la indefinición sigue, pues no se sabe si podrán acceder a una pensión o a una indemnización, sin embargo, esa separación puede considerarse como un despido completamente injustificado.
Con respecto a lo anterior, recordó que, el miércoles de la semana pasada, durante el informe de la de labores de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, hubo expresiones de la gobernadora María Eugenia Campos, pues el mensaje fue, sí los vamos a apoyar, pero aún está por definirse este asunto.
Según comentó, las versiones atribuidas a “radio pasillo”, es que la iniciativa original para pensiones de retiro de las personas juzgadoras posiblemente no prospere, porque existen algunas cuestiones evidentemente presupuestales, así que, posiblemente se incrementen o disminuyan las proporciones y se aumente la edad de retiro, entre otras modificaciones, para hacerlo más asequible y eventualmente que, se reduzca el número de quienes se puedan ver beneficiadas.
Creo que la intención sigue, apuntó, la manifestación de la gobernadora fue expresa, lo dijo varias veces, el Poder Judicial tiene en ella un apoyo, lo repitió varias veces, que el gobierno le va a responder, ciertamente, la palabra que usó fue la de retiro digno y hay que considerar que existen otros estados como Campeche, Tabasco, Colima, Veracruz, que han tratado a las personas juzgadoras de mala manera.
Atendiendo esa circunstancia, se está buscando, como dijo la gobernadora, un esquema, pero estoy tan informado como la ciudadanía; es decir, 1, que existe la voluntad explícita del gobierno de acompañar en estos procesos al Poder Judicial; 2, el buscar un retiro digno y; 3, evidentemente esto implica una reforma a la legislación, pero más no sé, dijo. Si no hay reforma, comentó, se tiene que ir conforme la ley y con esto, mucha gente quedaría fuera, pues esa iniciativa lo que buscaba era compensar proporcionalmente.
El funcionario Judicial, señaló, que, se debe dictar una serie de medidas tendientes a compensar este despido brutal, pues estamos hablando de una barbaridad, no de una reforma constitucional, en orden, consecuente, coherente, madura, que vaya a servir al propósito de mejorar el servicio. No, no estamos hablando de eso, se trata de un mazazo de un hachazo, a la administración de justicia.
Por eso, dijo, el Gobierno Federal es omiso porque debería tener una bolsa para esas 7 mil personas juzgadoras en toda la República, de los ámbitos federal y estatales, para compensarlas con dignidad. En el caso de Chihuahua, son 300, 270 jueces y 30 magistrados, apuntó.