El punto de inflexión: ¿y si el golpe fuera hacia adentro?, la lealtad no está por encima de la ley 

Por, José Cuauhtémoc Cervantes 

Según las encuestas más recientes publicadas a inicios de diciembre de 2025 —realizadas entre finales de noviembre y principios de diciembre—, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene en un rango alto, entre 70% y 74%, aunque con una ligera tendencia a la baja en los últimos meses. Esta variación responde principalmente a desafíos persistentes en seguridad, percepción de corrupción y tensiones sociales, sin que ello signifique una erosión profunda de su respaldo popular, que sigue siendo muy superior al de presidentes anteriores en etapas equivalentes de gobierno.

Los principales ejercicios demoscópicos coinciden en ese diagnóstico. La encuesta de Enkoll para El País y W Radio (levantada del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2025) registra 74% de aprobación y 24% de desaprobación, el nivel más bajo desde el inicio de su gestión, con un dato relevante: entre jóvenes de 18 a 24 años, la aprobación cae hasta 61%. Por su parte, El Financiero (noviembre 2025) reporta 70% de aprobación y 30% de desaprobación, el porcentaje más alto de rechazo desde la toma de posesión. QM Estudios de Opinión / Heraldo Media Group sitúa la aprobación en 73%, mientras que Mitofsky, en su medición para El Economista, la coloca alrededor del 70%, confirmando una ligera caída respecto a octubre.

En conjunto, al 14 de diciembre de 2025, el consenso de encuestas ubica la aprobación presidencial en torno al 70–74%, con un respaldo particularmente fuerte entre adultos mayores y beneficiarios de programas sociales, pero con críticas crecientes en temas de seguridad y corrupción, especialmente en sectores jóvenes y clases medias urbanas.

Este comportamiento de la opinión pública ocurre en paralelo a una serie de acciones recientes contra la corrupción que han tenido alta visibilidad mediática bajo la conducción de la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy. Entre ellas destacan la detención de César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua, por lavado de dinero (8 de diciembre de 2025); la judicialización del caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por presunto uso ilícito de atribuciones relacionado con una pensión de Pemex; y la recuperación de más de 62 millones de pesos vinculados a desvíos de la llamada Estafa Maestra, asociados a exfuncionarios de Sedesol durante la gestión de Rosario Robles.

Estas acciones tienen un impacto mixto en la aprobación presidencial, dependiendo del segmento poblacional y del encuadre narrativo que domine en medios y redes. Por un lado, refuerzan el discurso histórico de la 4T de “cero impunidad”, especialmente cuando se trata de figuras asociadas a gobiernos del PRI y del PAN. Para el núcleo duro de Morena —donde la aprobación supera el 80% en mayores de 55 años—, estos casos son leídos como cumplimiento de promesas largamente postergadas. En un contexto donde alrededor del 21% de la población sigue identificando la corrupción como uno de los principales problemas del país, estas acciones pueden contener la caída o incluso generar un leve repunte en el corto plazo.

Sin embargo, también existen límites claros. Casos como el de Casar son interpretados por sectores críticos como persecución política, lo que incrementa la polarización y reactiva el argumento de uso selectivo de la justicia. De hecho, la percepción general sobre el combate a la corrupción no es favorable: 59% de los encuestados considera que la situación ha empeorado, según Enkoll, debido a escándalos internos en Morena y a la lentitud —o ausencia— de procesos contra figuras propias del movimiento. En ese sentido, estas acciones difícilmente compensan por sí solas el desgaste provocado por la inseguridad y la economía, sobre todo entre jóvenes, donde la aprobación ronda apenas el 60%.

Aquí es donde emerge el verdadero punto de quiebre político para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Más que nuevas detenciones de personajes del pasado priista o panista —ya internalizadas por la opinión pública como parte del libreto esperado—, el impacto real estaría en la eventual judicialización de perfiles de alto impacto vinculados a Morena o al sexenio de Andrés Manuel López Obrador: exgobernadores, exsecretarios de Estado o exfuncionarios emblemáticos de la 4T.

Un escenario así tendría efectos distintos y más profundos. En el corto plazo podría generar incomodidad interna, tensiones partidistas y ruido mediático, pero en el mediano plazo tendría un alto potencial positivo para la legitimidad presidencial. Rompería de manera creíble la narrativa de “justicia selectiva”, desmontaría el argumento de persecución política y enviaría una señal inequívoca de que el combate a la corrupción no distingue colores ni lealtades.

Paradójicamente, una detención “propia” —bien sustentada jurídicamente y comunicada con sobriedad institucional— podría fortalecer el liderazgo de Claudia Sheinbaum, incluso a costa de un desgaste momentáneo. Mostraría autonomía real frente al pasado, autoridad moral frente a su propio movimiento y un mensaje claro hacia dentro y fuera del país: la lealtad no está por encima de la ley.

Desde la óptica de la opinión pública, ese gesto tendría mayor capacidad para recuperar confianza entre jóvenes, clases medias urbanas e indecisos, precisamente los segmentos donde hoy se concentra el desgaste. Más que un repunte coyuntural en encuestas, podría convertirse en el acto fundacional de una segunda etapa del gobierno: menos defensiva, menos testimonial y más institucional.

En política, los golpes hacia afuera movilizan a la base; los golpes hacia adentro construyen Estado. Y es ahí donde podría estar la diferencia entre una aprobación alta… y una aprobación históricamente sólida.