Relato del deterioro de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

Ante el evidente deterioro del sistema de seguridad social, creado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, el 23 de enero de 1957, para asegurar servicios de salud, pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, tales como préstamos personales, para vivienda y adquisición de bienes de consumo duradero a los maestros estatales, trabajadores al servicio del Estado y algunos de sus organismos públicos descentralizados, el 9 de enero del 2025 escribí un breve artículo, que pretendió visibilizar el creciente deterioro de la institución y alertar a los derechohabientes, sus representaciones sindicales, directivos del instituto y autoridades estatales, de la necesidad de actuar para evitar el colapso de la institución.

Afirme el 9 de enero del 2025 que el deterioro de las instituciones de seguridad social eran problemas derivados de “políticas públicas” equivocadas, improvisaciones, designación de funcionarios sin el perfil, falta de planeación y gestión adecuada. De ello dan cuenta manifestaciones de maestros exigiendo al ISSSTE y a PCE, mejoras en los servicios de salud, garantía y reconocimiento de su derecho a pensiones y jubilaciones.

Entrevistas a funcionarios de la institución y del propio gobierno del estado e investigaciones de algunos periodistas y columnas publicadas en búsqueda de la verdad de lo que sucede en la institución, han logrado obtener y difundir datos y dichos que acreditan la delicada situación de PCE.

Sin embargo, su director y algunos de sus funcionarios, han realizado solo declaraciones catastróficas, contradictorias e incluso cínicas, como esa de “La época dorada de Pensiones Civiles ha terminado” , y para justificar la ineficiencia de su gestión señalan insuficiencia presupuestal, cuando según cifras publicadas el gasto de PCE ha crecido ¡¡¡330% en 10 años!!! Al pasar de $1,672 millones de pesos en 2015, a $7,193 millones de pesos en 2025.

El Director de PCE declaró que “…la cuota del 3% sobre el salario de cada derechohabiente es insuficiente para soportar en condiciones óptimas este servicio y que lo ideal es que haya un ligero incremento en ese sentido e incluso establecer un pago del 3% por cada asegurado que tenga el beneficiario”. Además de inconstitucional por romperse el principio de equidad, como todo gobierno inepto buscan que el costo de su ineficiencia recaiga en la sociedad o usuarios de los servicios que prestan.

Otro argumento para justificar el deterioro de PCE son los adeudos del propio gobierno, la Universidad Autónoma de Chihuahua, algunas Juntas Municipales de Agua, entre otros organismos y dependencias gubernamentales afiliados. Con respecto a los adeudos del gobierno del estado, ni siquiera han querido, sabido o podido conciliar adeudos; PCE señala un adeudo, mientras el gobierno del estado en voz de su secretario de hacienda manifiesta otra; y, ¿la Auditoria Superior del Estado y la Secretaria de la Función Pública?,¡¡¡bien gracias!!!. Tan solo el hecho de no tener conciliadas cifras de adeudos, es evidencia suficiente de la ineptitud por parte de los administradores de ambas instancias del Estado y sus costosos e ineficientes Órganos de Control Interno y auditorías.

Después del paro de labores de los maestros el miércoles 19 de marzo, quienes se manifestaron para exigir el respeto a sus derechos de seguridad social, el Gobierno del Estado a través del Secretario General de Gobierno, acordó un plazo de 60 días para que el gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua, algunas Juntas Municipales de Agua y otros organismos, liquiden sus adeudos señalando que la UACH adeuda $918 millones de pesos; esperemos ver cómo le hace para liquidar este adeudo cuando recurrentemente se ha venido señalando que enfrenta problemas financieros originados por disminución de ingresos presupuestales y generación de recursos propios, aunados a incremento en el gasto administrativo que representa el crecimiento de “personal administrativo de confianza” y “maestros por contrato” que prácticamente igualan a los “maestros de base” y su rector se mantiene ausente, concentrado en temas de futbol americano y viajes por el mundo que poco o nada aportan a la Universidad.

Para ahondar en el riesgo de pago de pensiones a Jubilados y pensionados, ahora con la reforma al poder judicial, jubilar de manera anticipada a jueces y magistrados con cargo al fondo de pensiones, incluidas “compensaciones” sobre las cuales no han contribuido al fondo violentando la Ley de Pensiones. Sobre este impacto no se ha dado a conocer ningún estudio actuarial o por lo menos “una corrida financiera” que permita conocer el impacto que tendrá en las ya deterioradas finanzas de PCE. Si un trabajador renuncia a su puesto o es despedido se le realiza la liquidación correspondiente conforme lo marca la Ley y no se le pensiona y mucho menos de manera ilegal e indebida. El Congreso del Estado NO debe aprobar jubilaciones en contra de la Ley de Pensiones Civiles y mucho menos modificarla por negociaciones políticas indebidas, en todo caso que autoricen una partida presupuestal para que jueces y magistrados sean debidamente liquidados.

Así las cosas en Pensiones Civiles del Estado.

Lic. Ricardo Rodríguez Lugo. M.A.

ricardo.rguezlugo@gmail.com

22 de Marzo de 2025