Plantean reforma constitucional para evitar que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por la delincuencia
A fin de que el Estado implemente las acciones y medidas preventivas necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por la delincuencia organizada, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN), impulsa una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4º y 16 de la Constitución Política.
El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, propone además que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, lleven a cabo acciones preventivas coordinadas tendentes a que niñas, niños y adolescentes no se involucren en actividades delictivas y sean víctimas de la delincuencia organizada.
Expone que el reclutamiento infantil es un problema multifactorial donde niñas, niños y adolescentes, sin consentimiento previo, se ven involucrados en actividades ilícitas de organizaciones criminales, “situación que trae consigo entornos y conductas de riesgo, que los conducen a caminos sin retorno y a estar dispuestos a vivir situaciones de violencia extrema, tanto como perpetradores como víctimas de violencia”.
Marginalidad, desigualdades, pobreza, deserción escolar, falta de acceso a escuelas, drogadicción y, en general, la falta de oportunidades, son alicientes para que la delincuencia organizada encuentre presa fácil de reclutamiento; por ello, resulta inaplazable tomar medidas integrales y legislaciones que aborden esta problemática y se garantice el interés superior de la niñez.
Palacios Kuri señala que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reporta que se registraron 34 mil 971 delitos contra personas de 0 a 17 años durante 2023, mientras que en 2022 fue de 30 mil 704.
Indica que, a nivel internacional, el país se ha adherido a diversos instrumentos que protegen el interés superior de la niñez y adolescencia, pero a nivel nacional “la deuda sigue siendo inmensa y de atención urgente”.
La diputada reitera que la iniciativa busca elevar a rango constitucional que el Estado en su conjunto sea garante de implementar medidas preventivas y acciones necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento por parte del crimen organizado.
Ello, dará certeza a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin dejar de reconocer que se requiere del compromiso del Poder Ejecutivo Federal para garantizar que lo que se regula en todos los ordenamientos jurídicos se cristalice; es decir, se requiere un compromiso transversal para enfrentar esta situación.
“No solo bastan reformas a legislaciones, también se requieren presupuestos suficientes y debidamente orientados para afrontar esta crisis que viven niñas, niños y adolescentes a manos de los grupos criminales en el país”, puntualiza.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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