Operativo Enjambre sacude alcaldías
El Operativo Enjambre se ha convertido en una de las principales estrategias del Gobierno federal contra las redes de protección al crimen organizado dentro de las alcaldías y corporaciones. Desde noviembre de 2024, la operación suma más de 140 detenidos entre alcaldes, mandos de seguridad, funcionarios municipales y operadores políticos en al menos cinco Estados del país.
La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por delitos como secuestro, homicidio, extorsión y delincuencia organizada.
Entre los primeros detenidos estuvieron María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, además de directores de Seguridad Pública de municipios como Naucalpan, Ixtapaluca y Tejupilco, así como funcionarios del DIF de Tonatico.
En el programa participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, además de corporaciones estatales.
El objetivo es desarticular redes de protección al crimen organizado dentro de gobiernos municipales y policías locales. Las investigaciones señalan a funcionarios que apoyan a grupos criminales con filtración de información, protección armada, control territorial y extorsiones a empresarios, comerciantes y productores.
Las autoridades han relacionado a varios de los detenidos con organizaciones criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Nueva Generación, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito y el grupo denominado Nuevo Imperio.
Con el avance de la estrategia, las detenciones se extendieron fuera del Estado de México. En febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, junto con ex funcionarios de su administración. Es investigado por delincuencia organizada, secuestro agravado, extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación. Está recluido en el penal del Altiplano.
Los casos más recientes ocurrieron en Morelos, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la reactivación del Operativo Enjambre. Ahí fueron detenidos Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla, así como funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, investigados por presuntas redes de corrupción y extorsión.
La estrategia ha sido comparada con el “Michoacanazo” del gobierno de Felipe Calderón, operativo que llevó a la detención de más de 30 alcaldes y funcionarios presuntamente ligados a La Familia Michoacana. Sin embargo, la mayoría de los casos se cayó después por falta de pruebas e irregularidades procesales.
A diferencia de aquella operación, el Gobierno federal asegura que el Operativo Enjambre se basa en inteligencia financiera, análisis telefónicos, cateos y despliegues simultáneos para evitar filtraciones. Además, la estrategia se amplió a varios Estados e incluye investigaciones contra distintos grupos criminales.
El operativo ha generado una percepción positiva entre la ciudadanía, al evidenciar acciones directas contra redes de corrupción y crimen organizado en Gobiernos municipales.
Hasta ahora, 20 ex funcionarios del Estado de México han recibido condenas relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos.
Suman 147 detenidos desde el inicio del Operativo Enjambre
El Operativo Enjambre, desplegado por el Gobierno federal desde noviembre de 2024, acumula 147 funcionarios detenidos en al menos cinco Estados del país por presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión y otros delitos. Las entidades donde se han realizado capturas son Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Aguascalientes.
Entre los casos más representativos se encuentra el de Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, detenido en febrero de 2026 por presunta extorsión y supuestos nexos con el Cártel Nueva Generación (CNG). El funcionario militaba en el partido Morena.
Los resultados más recientes de este operativo se dieron en Morelos, donde fueron detenidos Agustín Toledano Matías, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las investigaciones que llevaron a estas capturas se relacionan con una red de corrupción y extorsión contra comerciantes, productores y la ciudadanía vinculada con grupos criminales que operan en la entidad. Ambos políticos forman parte de las fuerzas política de oposición (PRI y PAN).
Con el operativo también se capturaron a varios funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, aunque el alcalde Jesús Corona logró escapar y se encuentra prófugo de la justicia. Entre los detenidos se cuentan a Horacio “N”, secretario municipal; Jonathan “N”, tesorero; Pablo Adrián “N”, oficial mayor; y Arisbel Rubí “N”, ex candidata a la alcaldía.
En el Estado de México destacan los casos de María Elena “N”, ex presidenta municipal de Amanalco, de Morena; María del Rosario “N”, ex presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, de la coalición PRI-PAN; y Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde electo del mismo municipio, también relacionado con esta alianza partidista.
En las acciones realizadas en Morelos, el secretario García Harfuch indicó que las investigaciones también contemplan a personas cercanas a la gobernadora, Margarita González, de Morena. Con este operativo se busca desarticular las redes de delincuencia organizada entre el sector público y grupos criminales, con lo que no habrá “protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de la estrategia.
Aunque se han detenido a alcaldes, funcionarios y mandos policiales, especialistas reconocen que se debe trabajar en las redes financieras y criminales que sostienen a los servidores. Debe ser una estrategia integral que no sólo apunte hacia los políticos, sino el entramado completo del crimen organizado.
Estrategia contra redes criminales
- Origen - El Operativo Enjambre nació como una estrategia federal para desarticular redes criminales infiltradas en ayuntamientos, policías y áreas administrativas municipales.
- Justificación - Las investigaciones surgieron tras denuncias ciudadanas, reportes de extorsión, hallazgos criminales y trabajos de inteligencia que detectaron presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos.
- Coordinación - El despliegue involucra a la SSPC, Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, fiscalías estatales y el Centro Nacional de Inteligencia, además de corporaciones locales en algunos casos.
- Método - Las autoridades realizan investigaciones prolongadas con inteligencia financiera, análisis patrimonial y seguimiento de comunicaciones antes de ejecutar detenciones y cateos.
- Despliegue - El operativo se caracteriza por ejecutar órdenes de aprehensión y cateos simultáneos en distintos municipios para evitar filtraciones y fugas.
- Objetivo - El Gobierno federal busca romper las redes de protección institucional al crimen organizado y evitar impunidad entre funcionarios coludidos con grupos criminales.
Coordinación entre autoridades
El Operativo Enjambre surgió como una estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales para desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos municipales y corporaciones policiacas. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el modelo se basa en investigaciones de largo plazo, inteligencia financiera, análisis de comunicaciones y despliegues simultáneos para evitar filtraciones internas.
La operación involucra a la SSPC, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y el Centro Nacional de Inteligencia. Las investigaciones suelen iniciar por denuncias ciudadanas, reportes de extorsión o hallazgos criminales. En el Estado de México, parte de las indagatorias comenzaron tras localizar fosas clandestinas en Nicolás Romero; en Jalisco, después de denuncias de habitantes y empresarios de Tequila por presuntas extorsiones y cobros excesivos.
Las autoridades integran expedientes con seguimiento financiero, revisión patrimonial y análisis telefónicos antes de ejecutar capturas. Una de las principales características del operativo es la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión y cateos en distintos municipios para impedir fugas o alertas internas.
En sus distintas fases, el Operativo Enjambre ha derivado en detenciones de alcaldes, mandos policiacos y funcionarios investigados por delitos como extorsión, secuestro, homicidio y protección a grupos criminales.
Resultados en Morelos
- 6 detenidos dejó el Operativo Enjambre en Morelos en mayo de 2026
- 2 alcaldes capturados fueron identificados en Atlatlahucan y Yecapixtla
- 1 alcalde prófugo seguía bajo búsqueda federal en Cuautla
- 29 cateos se realizaron en distintos municipios del estado
- 4 municipios concentraron las acciones principales del operativo
- 22 personas fueron investigadas por la UIF por presuntos vínculos con corrupción
- 10 empresas quedaron bajo investigación financiera
Debe haber mayor iniciativa de Estados y Fiscalías
Las detenciones y desarticulación de bandas criminales dentro de municipios marcaron distancia con la estrategia de “abrazos, no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron especialistas al evaluar los resultados del Operativo Enjambre impulsado por el Gobierno federal. Aunque destacaron su enfoque “moderno” y la percepción positiva de estas acciones contra el crimen organizado, señalaron que estados y fiscalías locales deben asumir un papel más activo en las investigaciones.
Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, advirtió que las indagatorias no deben limitarse a gobiernos municipales, sino alcanzar las redes políticas y criminales ligadas a los ayuntamientos. Consideró necesaria una “acción conjunta” entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), policías estatales y fiscalías locales.
“Lo que nos está faltando a las entidades es este operativo. Tendríamos que tener información de inteligencia para saber en dónde potencialmente hay un gobernante local en las mismas condiciones”, señaló. Añadió que los estados deben ser “proactivos” y no esperar a que intervenga la Federación. También pidió investigar operaciones financieras y lavado de dinero vinculados con los grupos criminales.
Fernando Jiménez, académico del Colegio de Jalisco, coincidió en que las fiscalías estatales deben acompañar o incluso replicar este tipo de investigaciones. Explicó que el Operativo Enjambre rompe con la lógica tradicional de territorialidad y combate redes criminales que operan a escala nacional.
“Deberíamos estar viendo más fiscales estatales solicitando el apoyo de las instituciones federales para realizar este tipo de operaciones”, dijo. También consideró que el Poder Judicial debe comprender la relevancia de los vínculos entre funcionarios y crimen organizado al analizar carpetas y sentencias.
Se registran 20 sentencias
El Operativo Enjambre suma hasta ahora 20 sentencias condenatorias contra ex funcionarios y servidores públicos relacionados con redes criminales y delitos de alto impacto en el Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las resoluciones corresponden a 15 fallos judiciales obtenidos contra 20 “objetivos prioritarios” investigados desde el arranque de la estrategia federal en 2024.
Según la FGJEM, las condenas acumuladas superan los mil 146 años de prisión por delitos como homicidio, secuestro, secuestro exprés, extorsión, desaparición forzada y evasión. Entre los municipios donde se detectaron los casos destacan Amanalco, Tlatlaya, Nicolás Romero, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Ecatepec y Santo Tomás de los Plátanos.
Pese a los resultados obtenidos, la mayoría de los detenidos dentro del Operativo Enjambre aún enfrenta procesos penales abiertos. Las investigaciones continúan en entidades como Morelos y Jalisco, donde recientemente fueron detenidos alcaldes, ex alcaldes y funcionarios municipales señalados por posibles vínculos con organizaciones criminales.
En Jalisco, el ex alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue vinculado a proceso luego de que un juez federal determinó en febrero pasado que existían elementos para investigarlo por presunta delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado. El caso está relacionado con la desaparición, en 2021, de dos aspirantes a la alcaldía de Tequila. Rivera Navarro permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras avanza la investigación complementaria.
Especialistas advierten que el principal reto del Operativo Enjambre será que las fiscalías logren integrar pruebas sólidas y apegadas al debido proceso para sostener las detenciones y alcanzar más sentencias condenatorias.
Con información de Informador.mx
Tips al momento
Adán Augusto ¿"vivito y coleando"?
Durante las últimas horas, versiones encontradas en redes sociales desataron especulaciones en torno a la salud del senador Adán Augusto López Hernández, transitando entre reportes de una supuesta urgencia médica y contraargumentos que lo ubican realizando actividad física en la capital del país.
El rumor comenzó a cobrar fuerza tras publicaciones de personajes públicos como Pedro Ferriz y Mario Di Costanzo, quienes aseguraron que el legislador de Morena había sido ingresado de emergencia en el Hospital Ángeles Interlomas, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, debido a una presunta complicación cardíaca. Las publicaciones sugerían que el cuadro de salud estaba asociado a supuestas presiones del entorno político actual.
Sin embargo, horas más tarde, usuarios en plataformas digitales difundieron fotografías donde se observa al tabasqueño caminando y trotando sobre el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
Ni el equipo de comunicación del senador, ni la dirigencia de su partido, así como tampoco las autoridades del nosocomio del Estado de México, han emitido pronunciamiento alguno para confirmar o desmentir el ingreso hospitalario.
Adán Augusto, ¿hospitalizado? o listo para huir
En las últimas horas han circulado versiones extraoficiales en diversas plataformas digitales que señalan la presunta hospitalización de urgencia del senador Adán Augusto López Hernández.
Se dice que habría sufrido a una supuesta afección cardiaca, pero asta el momento, ninguna fuente oficial o médica ha confirmado el estado de salud del legislador.
Algunos usuarios vinculan este supuesto incidente de salud con las recientes presiones judiciales y señalamientos provenientes de autoridades en Estados Unidos contra diversos actores políticos en México.
Otros más han pedido mantener el seguimiento a las actividades, porque especulan que podría huir del país.
Sheinbaum, un Informe sin acarreados al Zócalo tras el caso Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo domingo 31 de mayo encabezará un "informe de gobierno" y conmemorar lo que llamó "el segundo aniversario del triunfo electoral".
Sin embargo, el anuncio se da en un contexto político de alta tensión, marcado por la crisis que rodea al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado recientemente por las autoridades de Estados Unidos, junto a otros funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A esta situación se suma la reciente entrega de dos exfuncionarios de su administración a la justicia estadounidense, lo que ha intensificado la presión sobre el partido oficialista.
A diferencia de otras movilizaciones masivas características de Morena, Sheinbaum optó por no convocar a una megaconcentración en el Zócalo de la Ciudad de México. En su lugar, detalló que el evento central se transmitirá en vivo para que los simpatizantes sigan el mensaje desde plazas públicas en las 32 entidades del país.
Esto parece más una respuesta política frente a Washington y las estructuras de poder en Sinaloa, rompiendo el show tradicional de acarreos.
PAN y PRI acusan de persecución política a Morena contra Maru
Los dirigentes nacionales del PAN y del PRI cerraron filas este sábado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) la citara a comparecer, hecho que ambos partidos calificaron como un caso de “persecución política”.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que el requerimiento a la mandataria estatal demuestra que el gobierno de Morena “ha optado por la persecución política de sus opositores”.
“Llegó el día en el que ya cita la Fiscalía General de la República a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ninguna sorpresa con estos gobiernos surrealistas de cuarta”, declaró el líder panista.
Además, adelantó movilizaciones de apoyo en favor de la gobernadora y afirmó que Acción Nacional respaldará a la mandataria junto “con miles de mexicanas y mexicanos”.
‘Alito’ Moreno respalda a Maru Campos y acusa persecución política
Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, también manifestó su respaldo a Campos y acusó al Gobierno Federal de operar como un “narcogobierno”.
“Todo nuestro respaldo y apoyo a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, ante el descarado y cínico embate del narcogobierno de Morena”, escribió Moreno en sus redes sociales.
Alito Moreno concluyó su publicación con una advertencia a Morena y un mensaje de respaldo a la gobernadora chihuahuense: “¡Maru, no estás sola! A los priistas no nos tiembla la mano para defenderte con firmeza”, expresó.
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