Demandan a Costa Rica por presunta violación de derechos de 81 niños deportados por EU

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Un grupo de abogados de derechos humanos demandó a Costa Rica, alegando que la nación centroamericana violó los derechos de docenas de niños migrantes al detenerlos en un campamento rural durante casi dos meses tras ser deportados de Estados Unidos en febrero.

Los niños, algunos de tan sólo 2 años, forman parte de un grupo de cientos de migrantes de países mayoritariamente asiáticos —Afganistán, China, Rusia y otros— que fueron deportados de Estados Unidos, parte de una iniciativa más amplia del gobierno del presidente Donald Trump para incrementar las deportaciones.

 

Muchos esperaban solicitar asilo en Estados Unidos y expresaron temor de regresar a sus propios países. En cambio, fueron dejados en Costa Rica y Panamá, donde no hablan el idioma local. En un principio se tenía pensado que esos países fueran una especie de escala de deportación, pero los migrantes ya llevan 50 días en el limbo.

Los críticos dicen que es una forma para que Washington exportara su proceso de deportación, mientras que grupos defensores de los derechos humanos advierten que los dos países se estaban convirtiendo en un "agujero negro" para los deportados.

En Costa Rica, unos 200 migrantes —81 de ellos niños— fueron llevados a un centro rural de procesamiento de migrantes a lo largo de la frontera costarricense con Panamá y detenidos en un edificio que solía ser una fábrica.

La demanda del Consejo Global de Litigios Estratégicos (GSLC, por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores de los derechos humanos fue presentada el jueves por la noche ante el comité de la ONU que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y alega que Costa Rica violó la convención.

Silvia Serna Román, una de las abogadas que presentó la demanda, indicó que los migrantes permanecieron detenidos sin estatus legal, sin acceso a servicios educativos ni de salud mental en su idioma nativo. Ha generado preocupación por los impactos a largo plazo que la detención prolongada podría tener en los niños, ya que muchos padres han informado que sus hijos parecen aislados o tristes.

“Los niños están en una parte muy crucial de su desarrollo, y todos están huyendo de contextos complicados en sus países. Y ahora están sujetos a detención por períodos de tiempo diferentes, pero prolongados, y a un trato inhumano”, declaró Serna Román el viernes. "Los padres están preocupados".

Serna Román indicó que los migrantes han tenido poco acceso a asesoría jurídica. El gobierno costarricense ha dicho que los migrantes podrían salir de la instalación de detención si aceptan regresar a sus países de origen o solicitar asilo en Costa Rica.

Pero la abogada señaló que muchas familias temen que no tendrían a dónde ir y potencialmente terminarían en la calle, por lo que han permanecido en "detención indefinida" en la instalación conocida como CATEM.

"Muchas personas tienen miedo de dejar CATEM porque al menos significa refugio, significa tres comidas al día, significa un techo sobre sus cabezas", observó Serna Román. "El gobierno costarricense no ha sido claro sobre cómo planean proteger aún más a estas personas".

A The Associated Press le ha sido negado el acceso repetidas veces a la instalación de detención desde que llegaron los migrantes, pero cuando los periodistas visitaron el campamento en 2023, las familias dormían en cartones o en tiendas de campaña en el suelo, donde algunos dicen que se filtra líquido de los baños portátiles, y a la vez la comida escasea.

Autoridades costarricenses han cuestionado informes de la Defensoría del Pueblo del país, los cuales indicaban que los deportados llegaron a Costa Rica visiblemente angustiados y que las autoridades no garantizaron condiciones adecuadas para los que arribaban.

El presidente costarricense Rodrigo Chaves señaló en febrero que, al aceptar a los migrantes asiáticos, su país estaba ayudando al hermano económicamente poderoso del norte, según llamó a Estados Unidos.

La demanda de GSLC y grupos locales de derechos humanos es tan sólo el más reciente de una serie de enfrentamientos jurídicos que han surgido en torno a los deportados enviados a países centroamericanos. El mismo grupo de abogados presentó un caso similar contra Panamá, que mantenía detenidos a migrantes en hoteles y en campamentos remotos cerca de la selva del Darién, donde los deportados dijeron que les quitaron sus teléfonos. Las duras críticas llevaron al gobierno panameño a liberar a los migrantes en las calles de Ciudad de Panamá el mes pasado, ante lo cual muchos migrantes tuvieron que valerse por sí mismos.

Más recientemente, la deportación de grupos de migrantes venezolanos y un ciudadano estadounidense a El Salvador, donde han sido retenidos en una prisión de alta seguridad para pandillas, con poca evidencia para respaldar las supuestas afiliaciones a pandillas, también ha alimentado choques jurídicos y encarnizadas luchas políticas.

 

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

“Ley Gobernadora” en SLP podría romper relación entre el PVEM y Morena

Tras la aprobación en Fast Track de la “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí, que beneficiaría a Ruth Gónzalez, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, fuentes internas del legislativo señalan que podría haber una ruptura entre el partido oficialista y el PVEM.

Fue el medio Político.mx quien destapó esta posible ruptura, ya que este podría ser un claro ejemplo de un caso de nepotismo, pues con la aprobación de esta ley, en el 2027 la persona que quedaría al mando del estado tendría que ser mujer.

Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.


Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

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