
PUEBLA (apro).- Sin atender el llamado que hicieron los familiares de desaparecidos para sostener una reunión, el gobernador Alejandro Armenta nombró como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas al ex diputado y ex acalde priísta de Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes, como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Previo a la designación, el Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla hizo pública una carta enviada al gobernador para pedir que los escuchara.
Sin embargo, hoy se dio a conocer que el nombramiento ya fue decidido para Rivera Reyes, quien fue parte de los diputados que en los comicios de 2024 se sumaron a Morena, encabezados por el priísta Jorge Estefan Chidiac.
Licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), los antecedentes de Rivera Reyes no sólo están ligados a la política y al PRI, sino que además ha sido señalado de formar parte del cacicazgo familiar de los Rivera en Chignahuapan.
Fue alcalde de ese municipio de 2014 a 2018, después secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI y diputado local de 2021 a 2024. En este último año se desempeñó como subsecretario de Gobernación en el gobierno de Salomón Céspedes Peregrina.
Luego de que la convocatoria sólo dio de plazo cinco días para presentar postulaciones para la designación del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el secretario de Gobernador, Samuel Aguilar Palma, informó que se registraron 11 candidatos y que de ellos el que obtuvo mayor puntaje fue Rivera Reyes con 99.12.
Sin embargo, el secretario no dio información sobre quienes fueron los otros 10 contendientes y cuál fue el procedimiento de evaluación para decidir el nombramiento.
Cabe recordar que hasta ahora, todos los nombramientos de órganos autónomos como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el Consejo Estatal Anticorrupción, en la Fiscalía General del Estado, entre otros, han sido cuestionados por falta de transparencia y por la designación de personas allegadas al gobierno y con falta de perfil para los cargos.
Con información de: Proceso.

En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.

El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.

En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.

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De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
