
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a la amenaza de la Fiscalía General de la República (FGR), la juez Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas frenó por tiempo indefinido la captura del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Este jueves la juzgadora notificó la resolución que dictó durante la audiencia incidental de ayer en la que decidió conceder la suspensión definitiva a Aureoles.
“Se concede la suspensión definitiva a Silvano Aureoles Conejo, por los actos, las autoridades y las razones expuestas en la consideración cuarta de esta resolución”, indica la síntesis de la resolución publicada hoy.
La medida implica que Aureoles no podrá ser detenido hasta que la juez Vargas dicte su sentencia de amparo, lo que podría ocurrir el próximo 2 de junio, fecha en la que la juzgadora tiene previsto celebrar la audiencia constitucional en el juicio de garantías.
Mientras tanto, la FGR puede impugnar la decisión de la juez Vargas para que un tribunal Colegiado la revise y decida si la confirma, modifica o revoca.
Ayer la FGR anunció con proceder penalmente contra la juez Jovita Vargas por considerar que ha protegido indebidamente al exgobernador de Michoacán.
Proceso informó que en su anuncio la FGR cometió diversos errores al atribuir a la juzgadora actos que no le competen como la programación de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente hasta agosto próximo.
Dicho acto compete a ese Centro de Justicia y no a la juez Noveno de Distrito.
También acusó a la juez de avalar la comparecencia por escrito de Aureoles ante el Centro de Justicia con lo que mantuvo vigente la suspensión provisional contra la orden de capturarlo, acto que en realidad fue emitido por la juez de control Patricia Sánchez Nava contra quien la FGR no emitió ningún señalamiento.
La orden de aprehensión emitida contra Aureoles deriva del caso del desfalco de más de 3 mil millones de pesos por la construcción de cuarteles de la policía de Michoacán durante su administración en la entidad.
Por este asunto, cuatro de sus excolaboradores ya fueron vinculados a proceso y permanecen sujetos a prisión preventiva justificada.
Con información de proceso.com.mx

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
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Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
