Cbn04iPUn total de nueve personas presuntamente vinculadas al reclutamiento de personasde un grupo delictivo fueron detenidas en el municipio de Huitzontla, Michoacán, durante un operativo desplegado por el gabinete de seguridad federal. Cbn04iP Omnia.com.mx
Cbn04iPA través de un comunicado, las autoridades detallaron que la acción se llevó a cabo tras diversas denuncias ciudadanas en las que reportaban la presencia de personas armadas "altamente violentas, capacitadas en el manejo de armamento de alto calibre y explosivos". Cbn04iP Omnia.com.mx
Cbn04iPAl llegar al municipio, los sujetos armados dispararon en contra de los uniformados, por lo que estos replegaron el ataque. Cbn04iP Omnia.com.mx
Cbn04iPComo resultado, 12 agresores murieron en el enfrentamiento y tres elementos de laSecretaría de Marina resultaron heridos.Cbn04iP Omnia.com.mx
Cbn04iPEl grupo criminal es señalado por los delitos de homicidio, extorsión y privación ilegal de la libertad; además de operar la zona limítrofe de los estados de Michoacán, Jalisco y Colima.Cbn04iP Omnia.com.mx
Cbn04iPLas autoridades también destacaron que el grupo criminal está vinculado con el narcotráfico vía marítima, donde la Armada de México aseguró recientemente más de 37 toneladas de clorhidrato de cocaína. Cbn04iP Omnia.com.mx
Cbn04iPEn el operativo participaron elementos de las Secretaría de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la RepúblicaCbn04iP Omnia.com.mx
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Cbn04iPCon información de: LatinUs.Cbn04iP Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.