
El Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó este viernes que alcanzó un acuerdo con Boeing para que el fabricante de aeronaves asuma la responsabilidad de los dos accidentes ocurridos con sus aviones 737 Max de 2018 y 2019, en los que fallecieron un total de 346 personas, y evitar así un juicio penal.
Boeing “admitirá la conspiración para obstruir e impedir la operación legal del Grupo de Evaluación de Aeronaves de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés)”, indicó el DOJ en un informe judicial.
La compañía también “pagará o invertirá” más de mil 100 millones de dólares, incluidos 444 millones de dólares para las familias de las víctimas; 455 millones de dólares para fortalecer los programas de cumplimiento, seguridad y calidad de Boeing; además de una multa de 243 millones de dólares.
“El acuerdo garantiza una mayor rendición de cuentas y beneficios sustanciales para Boeing de inmediato, a la vez que evita la incertidumbre y el riesgo de litigio que conlleva proceder a juicio”, agregó el documento.
El pasado viernes, el diario The Wall Street Journal adelantó que ambas partes habían llegado a un pacto provisional que dejaría sin efecto la orden del juez de enviar a juicio al fabricante aeronáutico por los dos accidentes registrados en 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía por fallos de diseño en su modelo 737 MAX, que causaron la muerte de 346 personas.
Este acuerdo, que ha sido rechazado por los familiares de las víctimas, se produjo inmediatamente después de que Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaran la compra de más de 200 aviones del mayor fabricante aeroespacial del mundo, una operación valorada en más de 110 mil millones de dólares.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense Donald Trump está desarrollando una agresiva agenda centrada en la promoción de las empresas estadounidenses y la relajación de normativas.
Tomado de López Dóriga
Con información de EFE

Esta tarde trascendió un movimiento que, aunque discreto en la forma, dice mucho del fondo: el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, habría “rescatado” políticamente a la exdiputada local Geo Bujanda, quien desde hace meses se encontraba fuera del radar público tras su fallido intento por presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos…
Y es que vale la pena recordar que apenas el año pasado Bujanda se veía ya despachando como ombudsman chihuahuense, sin embargo, la realidad política fue otra, pues en dos rondas de votación, los doce diputados de Morena optaron por anular su voto, bloqueando de manera efectiva su llegada a la CEDH…
Desde entonces, la exlegisladora desapareció del reflector, no hubo posicionamientos, ni intentos de revancha pública, ni nuevos proyectos visibles solo se le veía en eventos políticos sentada entre la multitud y no entre los destacados, su nombre quedó asociado a un proceso que terminó en un rotundo fracaso político, del cual no todos logran levantarse y es ahí cuando se necesita de una mano amiga dispuesta…
Habrá que ver si este nuevo encargo le permite a Geo Bujanda recomponer su trayectoria o si, por el contrario, confirma que en política no basta con ser rescatado: también hay que saber nadar porque en Chihuahua, como bien se sabe, los rescates políticos siempre tienen factura…y alguien termina pagándola…

En 2024, Ricardo Monreal denunció que sus compañeros en la interna presidencial de Morena rebasaron por mucho los topes de gastos.
Se permitían 5 millones de pesos por aspirante, tan solo a Adán Augusto López, el INE le contabilizó 1,350 anuncios callejeros con un valor estimado de 15.5 millones de pesos.
Otro ejemplo vivo es el de la senadora Andrea Chávez quien en su adelantada carrera por Chihuahua, se estima una inversión de al menos 4 millones de pesos únicamente en pauta digital. A esto se suman giras constantes por el estado, las caravanas médicas, la entrega de electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.
Aunque la ley prohíbe explícitamente estos actos anticipados y el uso de recursos de dudosa procedencia, ni Morena, ni las autoridades electorales han intervenido.

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Y es que vale la pena recordar que apenas el año pasado Bujanda se veía ya despachando como ombudsman chihuahuense, sin embargo, la realidad política fue otra, pues en dos rondas de votación, los doce diputados de Morena optaron por anular su voto, bloqueando de manera efectiva su llegada a la CEDH…
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Habrá que ver si este nuevo encargo le permite a Geo Bujanda recomponer su trayectoria o si, por el contrario, confirma que en política no basta con ser rescatado: también hay que saber nadar porque en Chihuahua, como bien se sabe, los rescates políticos siempre tienen factura…y alguien termina pagándola…

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Aunque la ley prohíbe explícitamente estos actos anticipados y el uso de recursos de dudosa procedencia, ni Morena, ni las autoridades electorales han intervenido.
