"Nos vuelven a desaparecer": colectivos acusan fallas en procesos forenses en México
EFE.- Activistas en favor de los desaparecidos en Monterrey denunciaron este martes deficiencias en los procesos de búsqueda por parte de las autoridades estatales encargadas de este trabajo.
Leticia Hidalgo, fundadora y vocera del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señaló a EFE que la Fiscalía estatal retarda la entrega de certificados de personas desaparecidas y encontradas sin vida, además de retrasar los análisis de restos hallados por las propias buscadoras.
La activista acusó al fiscal general, Javier Flores Saldívar, quien recientemente declaró que no hay personal suficiente para estas labores. Sin embargo, dijo esa es una excusa poco creíble que viene de hace años.
"No quieren elevar el índice de personas desaparecidas y de víctimas de la violencia y la inseguridad que nunca han podido atender desde hace más de 15 años, siendo ellos los responsables de que tengamos garantizada la vida y la seguridad en un Estado de derecho", mencionó la activista.
Expuso tres casos que desde el colectivo han acompañado: el de un joven víctima de desaparición que fue encontrado sin vida en junio de 2024 y de quien, tras casi un año del hallazgo, el Servicio Médico Forense no ha expedido su certificado de defunción porque alega que no ha sido posible determinar su causa de muerte.
Un segundo caso es el de una joven cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina del crimen organizado, en el municipio de Hidalgo, y después un año de su identificación no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna.
También reveló que a principios de abril de 2025, el colectivo realizó el hallazgo de diversos restos humanos los cuales a la fecha no han sido analizados.
La activista afirmó que estas acciones son violatorias de los derechos humanos de familiares víctimas de desaparición y constituyen también un delito.
"Es equiparable a la tortura lo que ellos hacen y eso ya está por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una jurisprudencia, lo que pasamos nosotros como familiares de personas desaparecidas", dijo.
Añadió que además negar y ocultar la información es también una desaparición forzada.
"Estas acciones configuran también el delito de desaparición forzada, es decir, los vuelven a desaparecer. Ya tienen cuerpos, ya tienen restos, ya tienen identificaciones y no quieren dar la información, ocultan la información, porque en los tres casos eso es lo que estamos denunciando", mencionó.
Ante la situación que se está viviendo en Nuevo León, Hidalgo comentó que han dado vista a instancias internacionales.
"Nosotros en todos los casos estamos haciendo la recopilación de nuestras denuncias y nuestras exigencias precisamente con estos escritos y damos parte al Grupo Contra la Desaparición Forzada de la ONU", comentó.
Explicó que para llegar a un grupo internacional se necesita agotar todas las instancias en el país de origen.
"Ya agotamos todas las instancias y no nos dan respuesta", puntualizó.
En México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), existen a la fecha más de 127 mil personas víctimas de este delito y en Nuevo León la cifra es de más de 7 mil.
Con información de Latinus.
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Según fuentes internas del mismo Senado, el pasado jueves hubo una larga y acalorada discusión en el grupo parlamentario de Morena y es que dicen, no existe la debida transparencia en los gastos del coordinador Adán Augusto López, por lo que trece legisladores solicitaron que se diera fe de los 338 millones 297 mil pesos que se le dieron a López para los 67 legisladores guindas.
Otros más señalaron qué es claro el favoritismo del funcionario Tabasqueño con Chávez, además de otros legisladores afines a López, por lo que creen prudente el demostrar en que se ha gastado el presupuesto de Morena en la cámara alta.
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Según reporta el periodista Mussio Cárdenas, en este lugar encontraron a la alcaldesa morenista de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina, conviviendo con los narcos: “Vaya sorpresa se llevaron el día de ayer autoridades federales, al realizar un cateo en un “n@rco rancho".
Este lugar es propiedad de un sobrino de Rafael Caro Quintero, identificado como José Gil Quintero, uno de los señalados como generador de violencia en la región.
La alcaldesa fue elegida por el pueblo para velar por su seguridad y el bienesta que tanto predican.
Rafael Caro Quintero tiene parientes en Veracruz, se reporta que un aspirante a la alcaldía de Colipa está emparentado con un familiar directo de Caro Quintero, ahí se encuentra el rancho que es propiedad de José Gil Quintero. El cateo es por el operativo de búsqueda y localización del empresario Neptali González López desaparecido desde el 18 de julio del 2025.
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