Nueva ley de GN debe dejar claro el empatar facultades de investigación civil y mando militar, diputado Pablo Vázquez
CDMX — La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados advierte que la nueva ley de Guardia Nacional, por la cual se abrogará el actual ordenamiento, deberá dejar claro las facultades de las disposiciones de carácter civil, como son los temas de investigación, del mando que ahora será de un general en funciones
El próximo miércoles arranca en San Lázaro el debate en la Comisión de Justicia para crear el dictamen de la nueva ley de Guardia Nacional, que implica reformas a ocho leyes, luego de las modificaciones a la Constitución para adscribir a los elementos de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En entrevista con Crónica, el diputado emecista Pablo Vázquez Ahued señala: : “Es muy importante que se abra la discusión para que se pueda empatar esta reforma que se está proponiendo en materia de Guardia Nacional que incluye también labores de inteligencia, investigación, que se empate pues con las otras dos leyes que ya se propusieron desde la Secretaría de Seguridad Pública en materia de inteligencia y seguridad. Tiene que haber claridad sobre cómo va a ser la conducción en materia de investigación e inteligencia, que nosotros creemos que esa conducción tiene que ser estrictamente civil. Se tiene que dar ese debate, digamos, de manera integral, cosa que pues no está sucediendo porque parece que siguen congeladas las reformas en materia de seguridad pública que propuso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
-¿Cuáles son los temas de Movimiento Ciudadano sobre la GN en esta nueva reforma que ahora va con mando militar, un general en funciones?
- Entendemos que se tiene que hacer toda la armonización con la reforma constitucional, que tiene que consolidarse la Guardia Nacional como una institución de seguridad capacitada, fuerte para el combate fundamental, que es la desarticulación de la delincuencia organizada y de la violencia. Segundo, que sea una reforma que realmente deje con claridad sobre la conducción civil en materia de inteligencia e investigación. Tercero, que sea una reforma en la también queden perfectamente claro y de manera eficaz los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y municipios. Que haya coordinación, no subordinación, que realmente las entidades federativas tengan un papel central en la construcción de la política de seguridad. Y cuarto que la reforma persiga los propósitos centrales de recuperar la paz en México.
Para los diputados de MC la nueva ley de GN debe incluir un profundo debate de la Ley de Ascensos del Ejército y la Fuerza Aérea, al Código Nacional Militar y de todas estas leyes que rigen la organización de las fuerzas armadas al quedar adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
La nueva reforma a la Guardia Nacional deriva de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La jefa del Ejecutivo propone extender facultades de operación contra la delincuencia interferencia de comunicaciones de los ciudadanos y redes públicas de internet, además de vigilar, identificar, monitorear y rastrear sospechosos de crímenes, previa autorización de un juez.
Dentro de los rubros para combatir delitos son por evasión de presos, narcotráfico, corrupción de menores, pornografía infantil, y turismo sexual de menores, además de lenocinio también que implique a menores, así como explotación del cuerpo de un menor de edad.
Los elementos de la GN también podrán perseguir el delito de robo en carreteras y caminos.
También homicidios relacionados con el crimen organizado, así como tráfico de menores, robo de vehículo, tráfico de vehículos robados, extorsión y lavado de dinero.
“La Guardia Nacional podrá realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas delictivas; desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la sociedad que le permitan obtener datos sobre actividades relacionadas con fenómenos delictivos”, de acuerdo con el artículo nueve de la nueva ley.
Indica que “la autoridad judicial competente podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total”.
La jefa del Ejecutivo propone que los elementos de la GN actúen en todos los espacios públicos, como zonas fronterizas, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros y centros de control migratorio. Asimismo, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, el espacio aéreo, los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación y sus auxiliares, así como parques nacionales, instalaciones hidráulicas, vasos de presas y embalses de lagos.
INTERVENCIÓN
En materia de intervención de comunicaciones privadas, la ley de la Guardia Nacional ordena que sólo podrá solicitarla en función de ocho ordenamientos legales que atienden delitos específicos.
Para el caso del Código Penal, la Guardia Nacional podrá solicitar a un juez la autorización para intervenir una comunicación privada para los delitos de evasión de presos, narcotráfico, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual de menores de edad, lenocinio de menores de edad, explotación del cuerpo de un menor de edad, asalto en carreteras y caminos, homicidio relacionado con crimen organizado, tráfico de menores, robo de vehículo, tráfico de vehículos robados, extorsión y lavado de dinero.
También en los delitos de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados, secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas y robo de combustibles.
“La autoridad judicial competente podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total”.
Se plantea que la autoridad judicial deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de 12 horas, a partir de su presentación.
Establece que “independientemente de lo anterior, la GN deberá rendir un informe de manera mensual, a efecto de justificar el cumplimiento de los actos de investigación”.
Con información de: La cronica.
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“Ley Gobernadora” en SLP podría romper relación entre el PVEM y Morena
Tras la aprobación en Fast Track de la “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí, que beneficiaría a Ruth Gónzalez, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, fuentes internas del legislativo señalan que podría haber una ruptura entre el partido oficialista y el PVEM.
Fue el medio Político.mx quien destapó esta posible ruptura, ya que este podría ser un claro ejemplo de un caso de nepotismo, pues con la aprobación de esta ley, en el 2027 la persona que quedaría al mando del estado tendría que ser mujer.
Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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