Política migratoria sin derechos humanos, es política de exclusión

Cada 20 de junio el mundo conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Es una fecha que, lejos de ser simbólica, nos obliga a mirar de frente una realidad dolorosa y vigente, la de millones de personas que huyen de la violencia, la persecución, el hambre y el desempleo. 

Detrás de cada cifra hay una historia de supervivencia, una familia separada, una niñez truncada, un hogar perdido.

Hoy más que nunca ser refugiado significa vivir en la incertidumbre. A los peligros del camino se suman políticas migratorias cada vez más restrictivas, discursos de odio y detenciones arbitrarias. Recientes informes señalan que menos de 10% de los migrantes detenidos por el ICE en Estados Unidos han sido condenados por delitos graves. Aun así, muchos son tratados como criminales en centros de detención donde los derechos humanos se diluyen y la dignidad se posterga.

Como mexicana y excomisionada del INAI, no puedo dejar de alzar la voz. Porque también desde el acceso a la información y protección de datos personales se puede construir una agenda de derechos humanos que dé rostro y nombre a quienes lo han perdido todo. 

¿Cómo garantizar la no discriminación si los datos migratorios son usados para criminalizar? ¿Cómo proteger la integridad de niñas y niños si se les mantiene en condiciones indignas, sin transparencia sobre su paradero ni acceso a la justicia?

Recientemente el panorama se ha tornado más oscuro. La orden de ampliar detenciones masivas en ciudades demócratas y el uso político de la migración en campañas presidenciales en Estados Unidos son un retroceso alarmante. No se vale jugar con la esperanza de miles de personas. No son fichas políticas, son vidas.

México tampoco está exento. Cuatro de cada diez migrantes ven nuestro país como una ruta de paso, pero también como un muro difícil de cruzar. A menudo son víctimas de extorsión, desapariciones o detenciones irregulares. Es urgente fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la verdad porque sin información pública no hay posibilidad de exigir justicia.

El Día Mundial de los Refugiados debe ser un llamado a la acción, no sólo una jornada de discursos. Requiere políticas públicas con enfoque humanitario, cooperación internacional y, sobre todo, memoria. Porque quienes hoy buscan refugio no lo hacen por gusto, sino por sobrevivencia.

Desde donde estemos, en una oficina, en un aula o una trinchera informativa, debemos difundir el mensaje más básico y más poderoso, refugiarse no es delito, es un derecho. Y como tal, debe ser protegido, garantizado y defendido.

Con información de proceso.com.mx