Pemex tiene una tecnología obsoleta de detección de tomas clandestinas, afirma la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que Pemex cuenta con infraestructura en mal estado y que su tecnología para detectar la presencia de tomas clandestinas en gasoductos es obsoleta. Además, instó a la paraestatal a dotar de efectividad las acciones que permitan para disminuir la incidencia de estas tomas clandestinas.
En un informe emitido por la Comisión acerca del incidente ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019, en el que murieron 138 personas cuando una toma clandestina se incendió mientras pobladores recolectaban combustible, la Comisión señala que es responsabilidad de Pemex garantizar la prevención de desastres, incluyendo los ambientales.
El documento detalla que la red de transporte de hidrocarburos atraviesa gran parte del territorio nacional “de manera subterránea entre ciudades, cruzando calles, avenidas, carreteras, tierras agrícolas, ríos, zonas naturales, núcleos agrarios, propiedades privadas, áreas naturales protegidas, e incluso sumergidos en el océano Pacífico y el Golfo de México”.
En este sentido, la responsabilidad del mantenimiento y la detección de fugas o tomas clandestinas no solo se trata de una medida para evitar pérdidas económicas significativas, es también una cuestión de seguridad pública, indica el informe de la CNDH.
Afirma el informe que no existen evidencias de la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos derivados de tomas clandestinas o actos vandálicos.
Al respecto, abunda que “si bien PEMEX coloca como argumento excluyente de responsabilidad un resolutivo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se le eximió de realizar la remediación en un caso particular, esta Comisión Nacional enfatiza que no se trata de un pronunciamiento general”.
Es decir, que aunque en algún caso específico no estén obligados a proporcionar la remediación, es indispensable que la paraestatal garantice el constante mantenimiento como una política general para prevenir la incidencia de catástrofes semejantes a la que atañe a este informe.
“Dado que esta empresa productiva tiene el monopolio de las actividades extractivas y de transporte de hidrocarburos, junto con los ingresos generados por dichas actividades y el presupuesto asignado, y además cuenta con los conocimientos técnicos y personal especializado, está obligada a respetar los derechos humanos. Asimismo, ha adquirido un compromiso social como empresa”, señala.
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Para muchos médicos, especialmente aquellos con convicciones religiosas, su ejercicio profesional está profundamente ligado a su conciencia y a su compromiso con la vida y la dignidad humana. Obligarles a actuar contra ella no es garantizar derechos: es vulnerarlos.
El proyecto será discutido próximamente bajo la ponencia del ministro Irving Espinosa.
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