El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recordó que, el 20 de enero de 2025 se emitió una orden ejecutiva por parte del Gobierno de los Estados Unidos, para que el Departamento de Estado y del Tesoro, así como otras dependencias de ese país, designaran a ciertos cárteles del narcotráfico de México, como Organización Terrorista Extranjera; en ese entonces se advirtió que ese hecho representaba un serio riesgo para economía mexicana, por lo porque ahora, urgió a blindarla y a contar con controles eficaces para prevenir el lavado de dinero.
Ante el señalamiento por supuesto lavado de dinero a tres instituciones financieras mexicanas, consideró que ese hecho también genera una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de inversión, ya que la falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de EEUU e incrementa la percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas.
Este entorno puede disuadir la llegada de capital, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad del país. Por todo ello, el IMEF urge a blindar a la economía mexicana frente a estos riesgos, situación que exige construir una arquitectura institucional más robusta, con capacidades fortalecidas de supervisión y cumplimiento que garanticen certeza, transparencia y apego a la legalidad.
Contar con los controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos es fundamental para garantizar la integridad, estabilidad y confianza en las instituciones financieras establecidas en el país.
Las autoridades mexicanas, señalaron, deben actuar frente a riesgos en el sistema financiero a través de mecanismos propios de supervisión y de prevención proactiva, no reactiva.
Dicho lo anterior, el IMEF destacó la necesidad y urgencia de que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión fortalezcan la normatividad en el sector financiero, al tiempo en que exhorta a las empresas mexicanas a ejercer de manera urgente un compliance, tanto de sus operaciones futuras como pasadas y realicen las acciones conducentes para contener impactos negativos en su operación.