Desapariciones: Para investigadora del Caso Ayotzinapa, México requiere tribunales como los de Colombia

BOGOTÁ (Proceso).- La exministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, sostiene que tribunales de justicia transicional como los utilizados en su país para juzgar los crímenes del conflicto armado interno pueden servir a México para enfrentar el fenómeno de los desaparecidos, emprender su búsqueda con la solidez de un marco judicial y dar con la ubicación de fosas comunes.

En entrevista con Proceso, la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó en México la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, explica que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido “fundamental” para buscar a los desaparecidos mediante testimonios de los perpetradores de esos crímenes.

Esos testimonios se traducen en medidas cautelares de carácter vinculante para proteger los derechos de las víctimas, quienes son el corazón de cualquier sistema de justicia transicional como la JEP, y para buscar a personas desaparecidas con todos los recursos del Estado.

La JEP es un tribunal de justicia transicional creado en Colombia como parte de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC en 2016.

El tema de las desapariciones es central en México y está en la mira de organismos internacionales. El pasado 24 de junio, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU determinó solicitar al Estado mexicano proporcionar, antes del 18 de septiembre de este año, toda la información disponible sobre la grave crisis de desapariciones en el país, incluso las forzadas.

Esto, con el propósito de evaluar la información y determinar si las desapariciones en México, que constituyen un fenómeno “sistemático y generalizado”, debe ser llevado, “con carácter urgente”, a la Asamblea General de la ONU, o si debe adoptar otras medidas.

La Cancillería mexicana rechazó en un comunicado que en el país no existan desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas y sostuvo que “cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable".

Mientras tanto, en el Senado mexicano avanza una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder a la crisis de desaparecidos mediante una reforma a la ley en materia. Colectivos de madres buscadoras rechazan esa iniciativa porque consideran que impone “un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas”.

Para Buitrago, la mejor manera de responder a la crisis de los desaparecidos es con instituciones eficientes que ubiquen a las personas desaparecidas y que garanticen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas.

De acuerdo con la exministra, la JEP puede ser un buen referente para México, aunque no el único.

Ese tribunal colombiano juzga a exguerrilleros, exparamilitares, agentes del Estado, policías y militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzosa, y tiene la facultad de dictar sentencias alternativas –como trabajo comunitario y acciones de reparación, en vez de cárcel–, a cambio de que aporten verdad sobre esos delitos.

“Estos testimonios de los perpetradores han permitido localizar fosas donde fueron enterrados clandestinamente un gran número de personas desaparecidos”, dice Buitrago, quien conoce el tema de las desapariciones en México pues fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante varios años la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La exministra colombiana de justicia, quien dejó el cargo en mayo último tras denunciar presiones de compañeros de gabinete para hacer nombramientos políticos en la entidad a su cargo, indica que México también puede adoptar un mecanismo de justicia transicional que le permita enfrentar el problema de la violencia que producen los grupos criminales.

Eso, mediante la creación de tribunales transicionales cuya labor sería juzgar a los criminales que comparezcan de manera voluntaria ante ellos a fin de confesar sus delitos y aportar verdad que satisfaga a las víctimas. Por ejemplo, podrían confesar su participación en desapariciones y señalar dónde están sus restos.

A cambio, estos criminales confesos recibirían penas alternativas que serían menores a las establecidas en la legislación penal y podrían incluir sentencias restaurativas, como involucrar a los culpables en la búsqueda de desaparecidos.

México y Colombia, problemas comunes

Buitrago afirma que el año pasado Colombia dio un paso muy importante para enfrentar el fenómeno de los desaparecidos al crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que tiene como propósito coordinar y articular el trabajo de todas las instituciones públicas, grupos de la sociedad civil y víctimas –como madres buscadoras– involucrados en esas tareas.

“La coordinación es fundamental –señala la ministra– porque toda la institucionalidad y la sociedad civil, los municipios, las fiscalías, las instancias judiciales y los mecanismos de justicia transicional deben caminar en una sola dirección”, indica.

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es conducido por la Unidad de Búsqueda de Personas, una institución del Ejecutivo que formuló un Plan Nacional de Búsqueda en el que intervienen todos los niveles de gobierno, todos los poderes del Estado y la sociedad civil.

Colombia tiene dos modelos de justicia transicional, el de la JEP, un tribunal que puede emitir sentencias restaurativas a cambio de verdad; y Justicia y Paz, un marco jurídico que fue creado para juzgar a unos 30 mil paramilitares que se desmovilizaron en 2003 y que, a cambio de confesar sus crímenes, recibieron penas de entre cinco y ocho años de prisión.

Buitrago considera que la experiencia colombiana con la justicia transicional ha sido exitosa para investigar, esclarecer y producir verdad sobre crímenes de lesa humanidad como masacres, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, torturas, desplazamiento forzado y abusos sexuales.

Si se deja actuar -indica-, es un mecanismo que responde a los derechos de las víctimas, y que funciona, porque ha investigado muchas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por paramilitares, guerrilleros, agentes del Estados y particulares, sobre las cuales no había claridad.

Dice que también se han presentado testimonios de perpetradores de crímenes que sólo buscaban obtener los beneficios ofrecidos por Justicia y Paz y la JEP, pero es ahí donde esos tribunales deben tener la solidez para actuar con base en criterios estrictos que produzcan verdad a las víctimas.

La JEP, por ejemplo, tiene acreditadas 354 mil víctimas que participan en los casos que lleva ese tribunal y que intervienen en las audiencias como parte interesada.

La ministra de Justicia señala que las realidades de México y Colombia tienen muchos rasgos en común, como altos índices de violencia, la presencia de grupos criminales muy poderosos y con altas rentas ilegales y el contubernio entre estos con las autoridades políticas. 

Exhumaciones

Los mecanismos de justicia transicional fueron creados para superar situaciones extraordinarias en el mundo, como guerras civiles o fenómenos de violencia criminal, y tienen como característica que son temporales.  

Estos tribunales adquirieron relevancia desde la firma del Estatuto de Roma, en 1998, el cual prohíbe a los países amnistiar a los autores de crímenes de lesa humanidad como la desaparición. 

En el caso de la JEP, este tribunal comenzó a funcionar en 2017 y tiene una vigencia de 15 años. 

Las confesiones de exguerrilleros de las FARC, exmilitares, exparamilitares, expolicías y particulares le han permitido a la JEP dar con el paradero de desaparecidos. 

En sus siete años de funcionamiento, y con base en esos testimonios, los jueces de la JEP han dictado medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde presuntamente existen restos de personas desaparecidas.

Foto rancho Izaguirre, con una JEP México puede proteger sitios de interés forense

Buitrago explica que estas órdenes de protección responden a las confesiones de perpetradores de desapariciones y a necesidades expresadas por familiares de las víctimas a través de sus representantes jurídicos, quienes también han dado a conocer lugares donde puede haber desaparecidos. 

Las medidas cautelares dictadas por la JEP han permitido avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia porque abarcan más de 80 sitios de interés forense en todo el territorio en los que se han exhumado mil 713 cuerpos hasta el mes de mayo de 2025. 

En el marco de los casos de crímenes atroces que investiga y juzga, la JEP, ha registrado 110 mil 142 víctimas directas de desaparición forzada y 121 mil 128 víctimas indirectas (familiares, principalmente), y organiza labores de búsqueda de desaparecidos.

Según un informe de la JEP, de los cuerpos exhumados, 152 han sido identificados y 97 entregados dignamente a sus familias.

El magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, señala que estas son “acciones tempranas de restauración que contribuyen a reparar el daño causado y a garantizar los derechos de las víctimas”.

Explica que las medidas cautelares de ese tribunal son decisiones judiciales que sirven para proteger lugares, personas y documentos que pueden ser clave en las investigaciones.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, que hace tres años rindió un informe sobre el conflicto armado interno colombiano, entre 1985 y 2016 se registraron 121 mil 768 desapariciones de personas en el país, aunque esa cifra puede ser mayor por la presunción de que existe un subregistro.

En México, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas asciende a 128 mil 622 hasta este mes y 84% de estos casos han ocurrido entre 2007 y 2024, en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador.

En los primeros nueve meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (octubre de 2024-mayo de 2025) se han registrado 10 mil 322 desapariciones, 38 cada día en promedio, una cada 37 minutos.

Con información de proceso.com.mx