Lula ve sanciones de EU a integrantes de la Corte de Brasil como medida de intimidación por juicio a Bolsonaro

EFE.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este sábado a las sanciones aplicadas por Estados Unidos a ocho de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil, que consideró como "otra medida arbitraria" adoptada por el gobierno de Donald Trump.

En una nota oficial, Lula se solidarizó con los sancionados a quienes se les suspendió la visa, en el marco del pulso que Trump mantiene con el país, como muestra de su rechazo ante el juicio por golpe de Estado que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro.

El líder progresista brasileño garantizó que "ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, va a comprometer la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado Democrático de Derecho".

Según Lula, "la interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones".

Este viernes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación del visado al juez brasileño Alexandre de Moraes —quien determinó nuevas medidas de seguridad para Bolsonaro— así como el de su familia y sus "aliados", por la supuesta "caza de brujas" contra el expresidente.

La Justicia determinó que Bolsonaro debía utilizar una tobillera electrónica para llevar su proceso en arresto domiciliario durante las noches y fines de semana, además de abstenerse de usar redes sociales, comunicarse con embajadas extranjeras y líderes que, pudieran "intervenir" en su juicio.

Se está investigando también a su hijo y el diputado Eduardo por "inducir" a la administración estadounidense de sancionar a Brasil. 

La restricción anunciada por Rubio fue extendida a otros siete de los miembros del Supremo, todos acusados por la ultraderecha de mantener una "persecución política" contra Bolsonaro.

Esa medida se sumó a la amenaza de Trump de aplicar aranceles del 50% a Brasil a partir del 1 de agosto si no cesa la "caza de brujas" y se pone fin al proceso penal contra el líder de la extrema derecha.

Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores respondieron ante el Supremo por las acusaciones del "golpe de Estado", "organización criminal armada", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho", "daño cualificado por violencia grave o amenaza" y "deterioro de patrimonio protegido".

Según la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, el complot contra la democracia habría comenzado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula, cuya investidura se intentaba impedir.

La acusación dice que, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de ultras intentaron alentar a los militares a derrocar al nuevo gobierno.

El tribunal recibió los alegatos finales de la Fiscalía y dio plazo para que los acusados presenten sus últimos argumentos, tras lo cual el proceso se iniciará con el juicio oral, sentencias previstas para ser dictadas entre septiembre y octubre próximos. 

Con información de Latinus