Gobierno de Coahuila reconoce cobro de impuestos aduaneros en retenes

SALTILLO, Coah.- El gobierno de Manolo Jiménez Salinas reconoció que sí lleva a cabo el cobro de impuestos por el ingreso de mercancías procedentes del extranjero a través de los puentes internacionales de Piedras Negras y Ciudad Acuña, y donde a pocos metros de los mismos se han colocado retenes con el fin de evitar el contrabando y prácticas de evasión fiscal. Estas medidas se basan en el Convenio de Coordinación Fiscal con el gobierno federal. 

Aunque Proceso solicitó entrevista sobre el tema y los señalamientos de ciudadanos afectados, el gobierno de Jiménez Salinas envió un mensaje vía WhatsApp y sin membrete a través de Maribel Sánchez Tovar, coordinadora general de Comunicación e Imagen Institucional, donde se reconoce que estas tareas se realizan a través de la Administración General de Comercio Exterior la cual aseguran, sin establecer fecha o números de decreto, que “fue creada en 2004 y ratificada en 2008 y 2015” y afirman que esto “se publicó en el Diario Oficial de la Federación”, a pesar de que se trata de una dependencia estatal. 

En las dos primeras fechas aún no existía la Administración Fiscal General (AFG) ni su antecesor denominado Servicio de Administración Tributaria (SATEC) que se crearon en el 2012 y 2010, respectivamente. La AFG es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y es hasta el 2018 que se publica su reglamento en donde se creó la Administración Local de Comercio Exterior. 

Es el Periódico Oficial del Estado del 14 de febrero del presente año cuando se publica el decreto de reforma al Reglamento de la AFG propuesto por Jiménez Salinas y donde textualmente se establece: 

“Al efecto se propone llevar a cabo la adición de la fracción II-A al artículo 2 del Reglamento Interior vigente para regular la creación de una nueva unidad administrativa dependiente de la Administración Fiscal General, la cual se denominará Administración General de Comercio Exterior, misma que será una unidad administrativa especializada” y párrafos más adelante señala que “se propone trasladar las facultades en materia aduanera y de comercio que son ejercidas por la Administración General de Fiscalización y la Administración Local de Comercio Exterior”. 

Estas disposiciones publicadas en el 2025 junto con el Convenio de Coordinación Fiscal con la Secretaría de Hacienda, entre otras, son la base para llevar a cabo las inspecciones en los retenes ubicados a pocos metros de los puentes internacionales en Ciudad Acuña y Piedras Negras y que, según lo enviado por el gobierno de Coahuila en el mensaje de texto “no es una dependencia que vaya a fiscalizar a ciudadanos en los cruces fronterizos” y “sus facultades se ejercen sobre mercancías de procedencia extranjera que ya se encuentran en territorio nacional, en este caso la entidad coahuilense”. 

Sin embargo, el retén obliga a quienes ingresan a territorio mexicano a ser objeto de revisiones pese a que hayan pagado impuestos en la Aduana por la mercancía que trasladan y que según las autoridades estatales tienen un valor superior basado en precios que se revisan en plataformas como Amazon y Mercado Libre, según información difundida en medios de la frontera de Coahuila y emitida por el área de Comercio Exterior, pero que no se envió a Proceso y quien lo solicitó al director de Comunicación Social del gobierno de Coahuila, Diego Rodríguez Canales. 

Sobre los casos de irregularidades denunciados por afectados con las medidas llevadas a cabo desde hace unas semanas por personal de la dependencia creada en febrero, el gobierno estatal señala que el vehículo asegurado a la pareja de la mujer identificada como Giselle era extranjero, no contaba con placas y el conductor no portaba documentos del mismo sólo sus identificaciones mexicanas. 

“La persona no pudo acreditar con documentación como residente y/o ciudadano americano por lo que se procedió al embargo precautorio dándole 10 días hábiles para que presente su documentación y en caso de comprobar que es residente o ciudadano americano se le pueda regresar su vehículo”, señala sin responder a los cuestionamientos sobre el lugar a donde se llevó, en virtud de que ni la Policía Civil de Coahuila ni la empresa de grúas informaron de ello. 

En cuanto al testimonio de otra persona que aseguraba querían cobrarle 10 mil pesos, pese a que había pagado en la Aduana dos mil por el ingreso de fierros usados, señalaron que el rebase de los impuestos era de mil 859 pesos, pero no mostraron documentación que lo avale. 

“En ambos casos quedó claramente establecido que la entidad colaborará con la Secretaría de Hacienda en la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras derivadas de la introducción al territorio nacional de las mercancías”, aseguran. 

Otros cuestionamientos que el gobierno de Coahuila rechazó responder son la cantidad de aseguramientos realizados, el tipo de mercancías decomisadas y el monto recaudado, además de la aplicación de varias de las fracciones del artículo 15-A del reglamento de la AFG entre las que destacan las visitas domiciliarias para practicar auditorías e inspecciones, y requerir al contribuyente, responsable solidario y terceros involucrados la contabilidad, declaraciones y otros documentos para verificar que cumplieron con las disposiciones fiscales. 

Con información de proceso.com.mx