Hacienda emite deuda por 12 mil millones de dólares para Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el gobierno federal aseguró que no se generaría más deuda para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que sí se emitieron 12 mil millones de dólares en bonos estructurados, una operación que será absorbida por las finanzas públicas mexicanas. 

Mediante un comunicado oficial, la dependencia detalló que se concretó una colocación internacional de Notas Estructuradas Pre-Capitalizadas (P-Caps, por sus siglas en inglés), con vencimiento en 2030, por un monto total de 12 mil millones de dólares y a un plazo de cinco años. “Se trata de la segunda emisión más grande de este tipo en la historia a nivel global realizada en un solo tramo”. 

“Asimismo, se precisa que la operación será incorporada al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública”, se lee en el documento. 

Esto significa, en términos prácticos, que la deuda emitida se suma a la deuda total del país. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público es el indicador oficial que mide la deuda pública de México en su conjunto. 

Con ello, se confirma lo que Proceso reveló desde el pasado 23 de julio, que Hacienda ya había iniciado una operación financiera que pretendía que, aunque técnicamente no apareciera como garantía directa del gobierno federal, implicaría un respaldo automático por parte del Estado en caso de que Pemex no pueda cumplir con sus compromisos de pago. 

Las Notas Pre-Capitalizadas son un instrumento financiero que permite a Pemex obtener financiamiento mediante un vehículo especial con sede en Luxemburgo.  

Sin embargo, el riesgo crediticio último, es decir, quién responde si hay incumplimiento, recae sobre el Estado mexicano. De acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, la estructura de esta emisión se diseñó bajo la legislación de Nueva York, con JP Morgan como asesor exclusivo y Citi y BofA Securities como colocadores conjuntos. 

Hacienda, a cargo de Edgar Amador, subrayó que los recursos obtenidos por esta vía serán destinados “al pago de obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026 de Pemex”.  

Es decir, serán utilizados para cubrir compromisos de corto y mediano plazo de la petrolera estatal, cuya situación financiera sigue siendo uno de los mayores desafíos para las finanzas públicas del país. 

Demanda y condiciones 

Según el comunicado de Hacienda, durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por 23 mil 400 millones de dólares, provenientes de 295 inversionistas institucionales de todo el mundo, casi el doble del monto finalmente colocado. 

Este elevado interés permitió aumentar el monto original previsto —de 10 mil a 12 mil millones de dólares— y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones financieras, el diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos se redujo de 200 a 170 puntos base, es decir, una compresión de 30 puntos base respecto al plan inicial. 

La tasa cupón del bono fue fijada en 5.50% anual.  

De acuerdo con Hacienda, la operación forma parte de una estrategia más amplia para optimizar el perfil de la deuda pública mexicana, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros, especialmente los relacionados con Pemex. 

Aunque la operación fue anunciada inicialmente el 21 de julio, su cierre formal se realizó hasta el 29, tras un proceso de comunicación directa con inversionistas y calificadoras. 

 

Con información de: Proceso.

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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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