Cremación en México: desconfianza de las familias ante la falta de supervisión de las autoridades

La cremación en México significa dar un voto de confianza a la empresa a la que se pagan los servicios funerarios y que recibe el cuerpo de un familiar ante la falta de supervisión de autoridades.

Casos como el del crematorio "Plenitud" de Ciudad Juárez, donde han sido hallados en bolsas y apilados 390 cuerpos que debieron ser incinerados, al menos desde marzo de 2022 hasta junio pasado, despiertan la incertidumbre para los deudos.

“Esta duda siempre ha existido desde que existe el tema de cremación. La duda de si las cenizas que me entregan son de mi familiar o no”, dice Roberto García Hernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), en entrevista con Latinus.

La incineración, entendida como destino final de un cuerpo, está regulada por leyes y reglamentos de los tres niveles de gobierno y los dueños de las empresas deben tener permisos sanitarios, de medio ambiente y hasta de uso de suelo para poder operar, pero el proceso puede generar desconfianza, ya que no se ve lo que ocurre dentro del crematorio, no se conocen las condiciones del horno ni se tiene acceso al proceso de depósito de cenizas en una urna.

“La funeraria hizo tanto la recolección del cuerpo desde el Hospital General Parres hasta la entrega de las cenizas, que fue al día siguiente. No supimos cuál fue el proceso ni nada. Se trata de confianza, o sea, cuando tú pagas por estos servicios la mayoría de las veces los deudos no tenemos ni pies ni cabeza, estamos tan adoloridos que no estamos pensando en eso. Uno confía, no hay más”, explica Silvia Dominguez, quien contrató a una funeraria de Cuernavaca, Morelos, cuando falleció su mamá.

En la Ciudad de México, Laura Hernández pagó por la exhumación de los restos de dos familiares para ser cremados. Todo el servicio estuvo a cargo del panteón.

“Cuando terminó el proceso llegaron con las urnas medio tapadas, nos enseñaron las cenizas que eran blancas, así como mármol. Nos las entregaron y ya de ahí fuimos a depositarlas al lugar familiar. Nosotros no vimos en ningún momento que fueran mi papá y mi abuelita, entonces acaba siendo un acto de fe, por así decirlo. En ese momento tú piensas que sí son tus familiares aunque no ves el proceso, no ves nada”, destaca Laura.

Para dar certeza, algunas empresas han instalado salas de última despedida con un cristal opaco que permite constatar la entrada del cuerpo al horno crematorio: “Ven el cuerpo por un costado, y ya no hay un impacto emocional fuerte para la familia. Esa es la manera en que se asegura de que el cuerpo que se está ingresando sea el de los familiares. Hay muchas empresas que ya lo hacen actualmente de esa manera”, explica.

De acuerdo con las cifras disponibles más recientes de Inegi, en 2020 se registraron cerca de 199 mil entierros en cementerios públicos metropolitanos, frente a 29 mil cremaciones. La crisis generada por exceso de fallecimientos por la pandemia de Covid-19 hizo que miles de personas recurrieran a la incineración. En estos casos, las empresas funerarias se encargaron de todo el proceso, desde el traslado de los cuerpos de casas u hospitales hasta la entrega de cenizas.

Los costos aproximados por estos servicios, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, van desde los 7 mil hasta los 45 mil pesos, dependiendo la ciudad, la empresa funeraria, el tipo de servicio y la calidad de la urna.

Crematorios deben sujetarse a una regulación

García Hernández explica que todas las empresas dedicadas a la cremación de cuerpos deben contar con una serie de requisitos para operar.  Dos de los más importantes son el estudio de impacto ambiental y el permiso que emiten las agencias estatales de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarias (Cofepris).

“En cada estado se llama distinto, pero sí tiene que haber una autorización por parte de la agencia de protección sanitaria. También tiene que haber un permiso estatal o municipal, un permiso de funcionamiento. Los gobiernos locales hacen ese trámite y también las supervisiones”, agrega.

En México, el destino final de los cuerpos está regulado principalmente por la Ley General de Salud. Las cremaciones son autorizadas por el Oficial del Registro Civil a quien se debe presentar el certificado de defunción firmado por un médico.

Más allá del cumplimiento de la ley, asegura el vicepresidente de la ANDF, se trata de una cuestión de ética por parte de las empresas y de prestar un servicio con trato digno tanto a las familias como a los cuerpos. Casos fraudulentos como el de Ciudad Juárez, dice, podrían afectar a la industria funeraria.

“La verdad es que para nosotros también es un estigma. Cuando hay cientos o miles de personas y funerarias que todos los días nos esforzamos por realmente hacer lo mejor posible. Es un tema de ética hacia las familias y hacia el bienestar emocional de las familias. Es sumamente grave lo que ocurrió”, afirma.

Cadena de omisiones gubernamentales

En el caso de Ciudad Juárez, de acuerdo con las primeras investigaciones, el crematorio dejó de funcionar en 2022, año en el que se hizo la última inspección por parte de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, encabezada por Luis Carlos Tarín Villamar, según lo ha manifestado en las audiencias el agente del Ministerio Público encargado del caso, Francisco Javier Rojas Esquivel.

Además, en 2023 venció el dictamen de impacto ambiental, responsabilidad de la dirección de Ecología del municipio, de acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local.

Familiares de personas que podrían estar entre los cuerpos hallados en el crematorio de Ciudad Juárez marcharon el fin de semana para exigir justicia y la pronta identificación de los restos.

Hace 10 años, en febrero de 2015, se reportó el hallazgo de 61 cuerpos embalsamados en un crematorio abandonado en Acapulco, Guerrero. Al igual que en Ciudad Juárez, los cuerpos se apilaban, no había incineraciones y las familias recibían piedras y certificados falsos. No hubo ningún tipo de verificación por parte de autoridades. Luis Walton, exalcalde de Acapulco, reconoció en ese entonces que el crematorio operó de forma ilegal y sin permisos de 2007 a 2015, es decir, durante las administraciones de Felix Salgado Macedonio, Manuel Añorve y la suya.

Durante un año, la empresa Cremaciones del Pacífico, S.A de C.V., propiedad de Guillermo Estúa Zardaín, estuvo cerrada en Acapulco. Fue hasta que vecinos reportaron el fuerte olor, que encontraron los cadáveres cubiertos con cal y envueltos en sábanas.  Durante meses se realizaron confrontas de ADN, con ayuda de forenses expertos de Chihuahua, para identificar y devolver los cuerpos a sus familiares.

Con información de: LatinUs.