"No queremos autopista, queremos nuestra tierra": miles de indígenas marchan contra proyectos del gobierno federal en Chiapas

EFE.- Para exigir respeto a los derechos de los pueblos originarios, a la madre Tierra y pronunciarse a favor de la construcción de la paz en Chiapas, más de 3 mil indígenas maya tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales se manifestaron este sábado en la comunidad de Bachajón, municipio de Chilón.

La movilización, convocada por el gobierno comunitario de Chilón, la Pluriversidad Autónoma Comunal Yutsilal Bahlumilal, colectivos indígenas y el pueblo creyente, reunió a comunidades desde la selva chiapaneca que caminaron más de cinco kilómetros en una marcha pacífica y simbólica.

Durante la manifestación, los participantes denunciaron los megaproyectos impulsados por el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum que, aseguraron, atentan contra su territorio, violan su derecho a la autodeterminación y denunciaron la criminalización de defensores del medioambiente y derechos humanos.

Miguel Vázquez, vocero de los manifestantes, expresó: “somos un pueblo que camina por el sí a la vida desde la espiritualidad de la no violencia, que cuida y defiende a la Madre Tierra”.

Uno de los actos más significativos fue la siembra de seis árboles tipo ceiba, símbolo de fuerza y vida para los pueblos mayas, en sitios considerados sagrados.

En cada espacio se encendieron velas y se realizaron oraciones comunitarias por la paz y la vida.

A lo largo de la marcha se colocaron letreros con mensajes como “Rechazo total a la supercarretera Palenque - San Cristóbal”, y se escucharon consignas como “¡Vivan los pueblos indígenas!”, “¡Viva la justicia!”, “¡No queremos autopista, queremos nuestra tierra!”.

Desde 1995, el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.

Este día busca destacar los derechos y contribuciones de los pueblos indígenas que representan aproximadamente 476 millones de personas en más de 90 países, constituyendo más del 6% de la población mundial.

Denuncian irregularidades en proyectos

Los manifestantes también denunciaronirregularidades en el proceso de consultasobre el proyecto conocido como "Autopista de las culturas", al señalar que no fue previa, libre, ni informada, como lo establece la ley, pues sólo se instalaron casillas en municipios y poblados grandes excluyendo a las comunidades directamente afectadas.

Cuestionaron además la publicación tardía del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), difundido después de la consulta pública y elaborado por una empresa interesada en el proyecto, lo cual, advirtieron, pone en duda su objetividad y no refleja los daños reales al ecosistema y a las comunidades.

También acusaron al gobierno de Chiapas de haber iniciado las obras en Palenque el 8 de junio de 2025, sin contar con la MIA aprobada y sin el consentimiento de los propietarios de las tierras, lo que consideraron un acto de despojo.

“Denunciamos que el despojo ha iniciado con amenazas, falsas promesas y la extracción de grava sin consentimiento”, afirmó Ricardo Demeza, traductor tzeltal, quien exigió que se respeten los amparos presentados por las comunidades.

La marcha culminó en el atrio de la iglesia jesuita San Gerónimo, donde se realizaron oraciones frente al altar maya y se leyeron comunicados de los pueblos mayas tzeltales, exigiendo un alto inmediato a las agresiones y la criminalización contra quienes defienden su territorio.

Los manifestantes acusaron al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de radicalizar la criminalización contra los defensores del territorio y promotores de la autonomía.

Pidieron también a la presidenta Sheinbaumla liberación de Pedro Cortés y Diego Mendoza, condenados a 110 años de prisión, así como de cinco indígenas de San Juan Cancuc sentenciados a 25 años, que “afirman” son inocentes.

Otra de las exigencias fue el cese inmediato a la difamación y hostigamiento en contra de sacerdotes, religiosas, diáconos, catequistas y otros servidores de la Iglesia católica que acompañan la defensa del territorio y cuidan la espiritualidad del pueblo.