Ante la omisión evidente de las autoridades municipales y estatales, María Antonieta pide justicia para niña indígena de 11 años que se convirtió en madre

La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, alzó la voz este jueves en el Congreso del Estado de Chihuahua ante el alarmante caso de una niña indígena de 11 años que recientemente dio a luz en el municipio de Parral. La legisladora calificó los hechos como “una muestra clara del abandono institucional y la normalización del abuso sexual infantil en contextos de alta vulnerabilidad”.

El caso, documentado por El Sol de Parral y confirmado por el Sistema DIF Municipal, involucra a una niña perteneciente a la etnia rarámuri que fue embarazada presuntamente por un hombre de 20 años. La menor se encuentra actualmente bajo custodia del estado, mientras que el destino del bebé permanece indefinido, según declaraciones de la titular del DIF local, Nora Carrillo de Calderón.

Pese a la gravedad del caso, hasta el momento no hay confirmación de que se haya iniciado una investigación penal contra el presunto agresor ni de que el DIF Estatal haya sido notificado formalmente.

Pérez Reyes recordó que el marco jurídico mexicano prohíbe categóricamente el matrimonio infantil y establece que las relaciones sexuales con menores de 14 años constituyen delitos graves, sin importar si existe consentimiento aparente, unión conyugal o respaldo cultural.

“En México, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, sin excepciones ni dispensas. Y cualquier relación sexual con una persona menor de 14 años es pederastia. Esto es una violación tipificada en el Código Penal de Chihuahua con penas de hasta 30 años de cárcel”, enfatizó la legisladora.

Además, destacó que el Estado mexicano está obligado, por Constitución y por tratados internacionales, a proteger a la niñez frente a prácticas tradicionales o usos y costumbres que vulneren sus derechos.

Ante la omisión evidente de las autoridades municipales y estatales, la diputada presentó un acuerdo con carácter de urgente resolución, en el que se exhorta: Al DIF Estatal, a informar a la Soberanía sobre la situación legal de la custodia de la menor y su hijo. Al mismo organismo, a confirmar si se notificó oficialmente a la Fiscalía General del Estado sobre el probable delito de violación. Y a la Fiscalía, a abrir una carpeta de investigación contra el presunto responsable y garantizar justicia para la niña.

La legisladora morenista lamentó que, pese a los avances legislativos en materia de protección a la infancia, las instituciones siguen fallando en la práctica.

“Este caso demuestra que no basta con tener buenas leyes. Necesitamos voluntad política, protocolos eficaces y una cultura institucional que deje de ver el embarazo infantil como algo normal. Porque no lo es. Es violencia. Es una violación”, declaró.

Asimismo, se sumó al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente ordenó que todo nacimiento de una menor de edad debe ser reportado de inmediato al Ministerio Público, activando así el protocolo establecido por la Norma Oficial Mexicana 047.

Y es que este caso, lamentablemente no es único, pues de acuerdo con datos del INEGI y organizaciones civiles, un tercio de los embarazos infantiles en Chihuahua ocurren en la Sierra Tarahumara, donde las niñas son particularmente vulnerables a la violencia sexual, el matrimonio forzado y la falta de acceso a servicios de salud y justicia.

Y  tan solo en 2023, se reportaron 277 embarazos en niñas menores de 15 años en el estado. Muchos de ellos, como lo documentó la colectiva feminista Amor No Es Violencia A.C., quedan en la impunidad.