Para implementar ajustes razonables y medidas de diseño universal en la exhibición de películas, salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces, que permita a las personas con discapacidad acceder en diversos horarios a lo largo del día, y garantizar su derecho a la cultura, la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez (PRI) propone adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía.
Estipula que, sin perjuicio de la obligación establecida en el párrafo anterior del artículo 8, las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español. La denegación de estos ajustes se considerará como discriminación.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, responde a un acuerdo tomado durante la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXVI Legislatura, para atender una omisión legislativa determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía vigente.
Esto, como respuesta a la falta de medidas necesarias que permitan el acceso efectivo al contenido cinematográfico a las personas con discapacidad visual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que el artículo 8° de la Ley antes referida, establece que las películas deben ser exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva.
Sin embargo, dicha disposición omite considerar a las personas con discapacidad visual, a quienes se les impide de manera injustificada el acceso a las películas mediante el uso del doblaje y la audiodescripción, lo que restringe su derecho a participar en la vida cultural a través de formatos accesibles.
Señala que la iniciativa responde a las barreras estructurales presentes en el marco legal actual, específicamente en el artículo 8 de esta Ley, ya que no contempla medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Indica que ese tipo de exclusión no se resuelve únicamente con accesos físicos (rampas o señalización en braille) sino con la adaptación de contenidos y formatos; es decir, con accesibilidad comunicativa, sensorial y cognitiva, como lo establece el enfoque de diseño universal.
Resalta que eliminar las barreras estructurales implica no solo cambiar el entorno físico sino modificar las normas, políticas y prácticas institucionales que reproducen la desigualdad. La SCJN lo reconoce al señalar que el Estado debe garantizar medidas que no solo permitan el acceso sino también el uso efectivo de herramientas de accesibilidad.
Para la diputada De la Vega la accesibilidad no representa un privilegio ni un acto de buena voluntad, sino la adopción de una medida jurídica obligatoria para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.
Concluye mencionando que negar ajustes razonables o excluir el diseño universal en los servicios culturales, constituye una forma de discriminación indirecta y una violación al principio de igualdad sustantiva. “La inclusión de estas medidas en la Ley Federal de Cinematografía no es opción sino una obligación jurídica que deriva de tratados internacionales vinculantes para México, su Constitución, y de una vasta normativa nacional y local”.
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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